El Tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que el Congreso de Nuevo León debe emitir a más tardar el 24 de abril, la sanción para el gobernador Jaime Rodríguez Calderón y para el secretario de Gobierno, Manuel González Flores, respecto al presunto uso de recursos públicos para la obtención de firmas ciudadanas que avalaron la candidatura independiente a la Presidencia de El Bronco.
La Sala Regional Especializada determinó este martes que sea el Legislativo local el que sancione a los funcionarios, al emitir una nueva sentencia; sin embargo la ejecución de la sanción tendrá que esperar a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva la controversia constitucional que interpuso el gobernador independiente.
“Del análisis de las actuaciones de dicha controversia constitucional se obtuvo que el alcance de la suspensión fue que se continuara el procedimiento hasta la emisión y votación del dictamen de sanción, pero que no se ejecutara, y esto únicamente respecto del gobernador constitucional; no así del secretario general de gobierno”, señaló el TEPJF.
“Se vincula al Congreso del Estado de Nuevo León, para que agote el procedimiento que inició, a fin de dar cumplimiento a la sentencia del SRE-PSC-153/2018, respecto al gobernador del estado, a más tardar, el 24 de abril de 2020”, se lee en la sentencia.
Se añade que ante el incumplimiento, sin causa justificada, para sancionar al secretario de Gobierno, se le impone al Congreso del Estado de Nuevo León una medida de apremio, consistente en amonestación. Los diputados deberán revisar los puntos de nuevo y dictar la sanción.
El diputado Luis Donaldo Colosio, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Congreso, señaló que se había previsto la situación, pero los demás grupos parlamentarios hicieron caso omiso.
“Se los advertimos en la comisión, se los advertí en el pleno no me hicieron caso, optaron por patear el bote. Tenemos que votar ambas sanciones para ambos funcionarios”, indicó.
El dato. El senador Samuel García calificó la resolución como una victoria “de todos los neoloneses que creyeron en la lucha contra la corrupción” y exigió destitución y cárcel contra el gobernador.
KA