Entre el primer trimestre de 2018 y el mismo periodo de este año, la confianza en la Policía estatal de Colima ha disminuido 26.9- puntos, al pasar de 84.5 por ciento de percepción de efectividad a 59.5 por ciento, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).
El documento, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) para 70 ciudades, entre ellas la capital de la entidad gobernada por José Ignacio Peralta (que concentra 21.18 por ciento de la población del estado), detalla que desde la caída a 54.1 por ciento de confianza en el segundo semestre del año antepasado, la corporación no ha recuperado la aceptación superior al 70 por ciento que tenía en 2017 y al iniciar 2018. El punto más bajo lo tocó en el periodo de junio a septiembre de 2018, con 50.6 por ciento.
Y aunque 94 por ciento de los policías estatales ha aprobado los controles de confianza, de acuerdo con el informe más reciente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ni siquiera el gobernador considera que esto sea garantía de que el cuerpo no esté infiltrado por el crimen organizado.
“Si bien es cierto la prueba de confianza te da elementos de información, yo creo que tampoco te garantiza identificar como confiable a alguien que no lo es o viceversa. Entonces si a mí me preguntan ‘¿están transminados (los cuerpos de seguridad por delincuentes)?‘ yo no te puedo decir sí, pero tampoco lo podría negar”, aseguró la semana anterior en una entrevista radiofónica.
En ese contexto, el investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Guillermo Garduño Valero, advirtió que las actividades en Colima “todas ellas de alguna manera directa o indirectamente aparecen vinculadas con el narcotráfico”.
En entrevista con La Razón, señaló que la disputa del territorio entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y grupos delictivos de Michoacán podría aumentar de tono hacia el proceso electoral de 2021, en el que se renovará la gubernatura.
“El gobernador está a unos meses de que ocurra su desplazamiento y ya sencillamente todas las fuerzas políticas están pensando en quién lo va a sustituir, no en apoyarlo a él”, advirtió.
Por ello, consideró que las situaciones ocurridas recientemente en el estado, como el hallazgo en una fosa clandestina del cuerpo de la diputada local Anel Bueno o el asesinato de siete policías, podrían ser el inicio de una etapa más violenta.
“Lo que está ocurriendo en Colima puede ser el inicio o el punto de despegue de un proceso mucho más amplio que vamos a vivir de aquí al próximo año”, aseveró.
Asimismo, señaló que los altos índices de criminalidad en el estado dejan entrever que la policía es “un elemento cómplice” que aparece involucrado en actos delicitvos con lo cual “se muestra hasta donde está penetrada por la fauna organizada”.
Respecto al nombramiento de Miguel Ángel García Ramírez, vicealmirante retirado, como titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) local, consideró que tendrá poco efecto, pues las policías de todo el país son “hermandades o logias”, por lo que “cambiar el rostro en México no afectó a nada jamás; todos ellos son parte de una misma cofradía”.
Aseguró que las personas que sean detenidas por los actos delictivos son “chivos expiatorios, dicho en otros términos: carne para cárceles, pero las cabezas no son tocadas en lo más mínimo”.
El sábado pasado, la Fiscalía estatal informó que detuvo a un hombre como presunto implicado en la desaparición y muerte de la legisladora que estuvo desaparecida 39 días.
- El dato: Cerca de 300 ciudadanos marcharon ayer por el centro de Colima para exigir un cese a la violencia y solicitar la renuncia del gobernador.
