El gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, confirmó la detención del presidente del Consejo Político estatal del Partido de la Revolución Democrática y funcionario público durante la administración de Arturo Núñez, el ex director del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco (2015-2018), Juan José Martínez Pérez, a quien se le acusa por ejercicio indebido de atribuciones y funciones en agravio del gobierno estatal y de esa institución académica.
Este sábado López Hernández aseveró que la detención de quien también fuera subsecretario de Obras Públicas, se efectuó el viernes por elementos de la Fiscalía General del Estado “no puedo dar más detalles para no violentar el debido proceso”, insistió, aunque precisó que no se trata de un asunto político, “no puede haber politización de la ley, dijimos que no habrá impunidad para nadie y el asunto de él es como el de otros que están en investigación”.
De acuerdo con la auditoría forense 2016-4-99071-12-0002-DN-2018 de la Auditoría Superior de la Federación, en 2016 la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano realizó dos transferencias bancarias al Tecnológico de Comalcalco, una por 41 millones 942 mil pesos y otra por 100 millones 925 mil 740 pesos, relacionadas con los convenios SEDATU- ITSC/DGOTAZR/33901-02/2016 y SEDATU/DGAIG-ITSC/33901-12/2016, respectivamente.
En el primer caso el ITSC trianguló los 41 millones a las empresas Capacitadora Fema, S.A. de C.V., Servicios Horsa de la Rivera de México, S.A. de C.V., Proactiva Índigo de Puebla, S.A. de C.V., y Coratono, S.A. de C.V., sin embargo, no se realizaron los trabajos convenidos con la Sedatu, ni se comprobaron que estas empresas subcontratadas realizaran los servicios, entre ellos un Diagnóstico de la Situación Actual de la Vivienda en México y sus Alternativas, y el Desarrollo y Aplicación de Mecanismos de Operación para Programas y Acciones de la Propiedad Ejidal y Comunal.
Respecto de los 100 millones, el ITSC tampoco realizó los servicios acordados con la Sedatu, ni comprobó́ que se hubieran hecho, pese a que subcontrató a seis empresas para la realización de los proyectos, a las que pagó el 100 por ciento de los recursos.
Conforme el dictamen emitido el 8 de febrero de 2019 -y que puede consultarse en la plataforma web de la ASF- se concluyó que el Tecnológico de Comalcalco participó en la simulación de los convenios suscritos con la Sedatu y se benefició́ indebidamente al autorizar pagos a las empresas sin cerciorarse del cumplimiento de los trabajos que se contrataron con ellas.
