Aunque aún no hay un plan trazado, cámaras de comercio en Oaxaca analizan acciones que podrían tomar a nivel jurídico ante la llamada ley antichatarra.
Alejandro Sánchez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Oaxaca, dijo a La Razón que si bien aún desconocen cuáles serían las consecuencias legales que se deriven de la ley, no se descarta que el gremio apele a amparos que eviten su promulgación.
“Creemos que de inicio pudiera tener faltas constitucionales que pudieran derivar en amparos, no sé cuáles serán las consecuencias que esto vaya a acarrear”, dijo.
Fernando Martínez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados de Oaxaca, opinó que aunque al final se presentó y se aprobó la ley, el sector podría tomar acciones, ya que este proceso legislativo se realizó sin contemplar a los empresarios y comerciantes locales.
“Vamos a tratar de hacer lo propio, en conjunto con las demás cámaras involucradas”, ya que, advirtió, “lo que va a suceder es que van a detonar un mercado informal que no había”.
Este jueves, dijo, se iniciaron reuniones entre miembros de la cámara, para abordar el tema y saber cómo responder. “Esperemos que no pase, vamos a hacer la parte que nos corresponde a fin de solucionarlo”.
Independientemente de las acciones que se emprendan, el consenso empresarial es que la reforma “va a fallar”.
Así lo consideró Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes, quien pronosticó que no sólo no tendrá resultados positivos, sino que al tratarse de una reforma “prohibitiva”, ocasionará un mayor consumo de productos con altos índices de azúcar y fomentará la corrupción.
“Ahora están intentando por la vía de la prohibición cambiar esta situación y van a fallar”, auguró, al recordar que tras la aplicación de la Ley de Salud de 2013 —que prohíbe la venta de dichos productos en las escuelas— no se vieron cambios en la sociedad, que no la respetó.
En su postura oficial, el Consejo Coordinador Empresarial aseguró que el decreto daña a las cadenas de valor de pequeños comercios y que calificar alimentos como buenos o malos no es la solución, pues no genera acciones para atacar el problema de raíz; por lo que lamentó la falta de apertura al diálogo de los legisladores locales que aprobaron la normativa sin tener en cuenta a las partes afectadas.