El Gobierno de Baja California alista una estrategia para terminar con los llamados giros negros y anexos irregulares detectados, principalmente en Tijuana.
En videoconferencia de prensa, el gobernador Jaime Bonilla aseveró que se trata de un problema que afecta principalmente a este municipio, por lo que adelantó que implementarán nuevas acciones para “poner orden al rubro que tanto daño ha hecho”.
Comentó que en las mesas de seguridad se comentó que mientras el Gobierno llega a cerrar este tipo de negocios que no cuentan con permisos, éstos retoman labores con respaldo de autoridades municipales y de la policía local, quienes recibe “maletas de billetes” a cambio de esta ayuda.
Bonilla Valdez advirtió que si no se atiende el tema puede registrarse un alza de delitos, principalmente en torno al tráfico y venta de droga.
Al respecto, el secretario técnico de la Mesa de Seguridad estatal, Isaías Bertín, apuntó que este tipo de centros de rehabilitación que operan en la clandestinidad sólo sirven como refugio para delincuentes.
Detalló que algunos de los internos salen de día a cometer algún delito y vuelven para garantizar su protección en estos lugares que no cuentan con licencias ni cumplen con los reglamentos en la materia.
Incluso, el funcionario del área de seguridad indicó que en breve recibirán un reporte del Gobierno federal sobre los temas que pueden generar preocupación en los municipios que concentran más delitos, entre los que destacan un llamado a crecer el número de policías y la atención ante anexos, giros negros y prevención en el consumo de droga.
Rechazan endeudamiento en Tijuana
La mayoría de bajacalifornianos se pronunció en contra del endeudamiento aprobado recientemente por el Cabildo de TIjuana.
De los más de mil participantes en la encuesta realizada a través de redes sociales, 78 por ciento se dijo en contra de generar una megadeuda, luego de que se revelara que Tijuana avaló una línea de crédito de dos mil 500 millones de pesos para el supuesto pago de cuotas a Issstecali, lo que va en contra de la política de austeridad que impulsa el Gobierno federal.
Mientras que 22 por ciento, es decir 267 personas, respaldaron las acciones de las autoridades de ese municipio.
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