Después de que en 2010, Morelos estaba entre las 10 entidades con el mejor Índice de Desarrollo Democrático (IDD-Mx) del país, con 6 mil 974 puntos, cerró la década como el segundo peor, con una calificación de 0.73 puntos en 2020, es decir, 99 por ciento menos.
Aunque el desplome no es completamente acreditable al actual gobierno, del exfutbolista Cuauhtémoc Blanco —el nivel bajó de manera paulatina durante la última década—, su administración no ha tenido progresos. El estado decayó en este índice respecto a su primer año de gestiones, ya que en 2019 ocupó el puesto 26 de todo el país, con 3 mil 119 puntos, y en 2020 cerró en la posición 31, de 32 entidades evaluadas.
El IDD-Mx evalúa el comportamiento de la democracia y el desarrollo democrático en los estados. A través de varias organizaciones, entre las que se encuentra el Instituto Nacional Electoral (INE), busca hacer una contribución “para que los tomadores de decisiones puedan analizar en profundidad el estado de la democracia mexicana en su vasta geografía, como punto de partida hacia un camino de mejoras que sean verificables por medio de indicadores objetivos”.
En una de las dimensiones del IDD, que mide la calidad de las instituciones y eficiencia política de las mismas con base en la percepción de la corrupción o la participación de partidos políticos en el Poder Legislativo, Morelos se ubicó el año pasado en el número 28, con un “desarrollo mínimo”, cuando hace 10 años ocupaba la posición ocho, con estatus de “desarrollo medio”.
Esta evaluación refleja lo que se ha dejado de hacer durante muchos años en Morelos, hoy las consecuencias de esta falta de capacidad para hacer las cosas han hecho que estemos en el penúltimo lugar de este índiceRoberto Salinas, Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas
Roberto Salinas, del Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas, consideró en entrevista que los datos que se presentan en el Índice de Desarrollo Democrático no están alejados de la realidad, pues, dijo, son reflejo de lo que se vive en la entidad, en un ambiente de deterioro político.
“Es lo que podríamos considerar un deterioro de la política, del hacer político, incluso también de la forma en la que se relacionan el gobierno y las instituciones con los ciudadanos”, opinó.
Esta evaluación, agregó Salinas, refleja lo que se ha dejado de hacer durante muchos años en Morelos, hoy las consecuencias de esta falta de capacidad y habilidad para hacer las cosas han hecho que estemos en el penúltimo lugar de este índice”, dijo a La Razón.
Salinas explicó que el primer paso para mejorar la situación —que ha llevado a Morelos a vivir una crisis de inseguridad— es que las autoridades reconozcan lo que se ha hecho mal.
Además, destacó que una de las principales problemáticas que existen es la falta de apertura que permita la participación de la ciudadanía en los problemas que aquejan al estado.
“Reconocer que también la ciudadanía puede participar, es uno de los problemas que se tienen y se ve en este índice, que no hay realmente una democracia participativa, a la sociedad no se le permite” involucrarse, destacó.
En este aspecto, el índice de democracia de los ciudadanos”, el IDD posicionó a Morelos en el último lugar, el 32, un rubro en el que se evalúa la tenencia de libertades y de derechos de los habitantes y el compromiso ciudadano.
Hace una década, Morelos lideraba la puntuación en esta categoría con un desarrollo alto en la democracia participativa, en la cuarta posición nacional.
Roberto Salinas puntualizó que no se pueden perder de vista otros factores, como el de la seguridad, que también influye en este tipo de marcadores.
“Tratar de construir en conjunto lo que se tiene que mejorar en Morelos es parte de lo que se debería hacer. No dejar de ver las evaluaciones en las que Morelos ha salido mal, por ejemplo en el tema de seguridad; también por eso baja el tema de la democracia”, apuntó.
De acuerdo con el IDD, este retroceso implica descensos en todas las dimensiones de la democracia, pero principalmente en el ámbito social y económico, que podrían mejorar al optimizar la rendición de cuentas, la lucha contra la delincuencia y la participación ciudadana.
