Luego que han sido suspendidas algunas de las audiencias en contra de la alcaldesa con licencia de Chihuahua, María Eugenia Campos Galindo, su defensa pidió que exista igualdad y transparencia en el proceso.
Mediante una carta, los defensores de Campos argumentaron que: “somos nosotros los más interesados en que el proceso siga su curso legal de manera transparente, pero no estamos dispuestos a ceder el derecho de igualdad de nuestra defendida para que se realice un proceso a modo del Ministerio Público”.
“Los amparos que se han solicitado no son para que no se realice la audiencia inicial, sino para llegar a ese momento en un plano de igualdad. Cuando hablamos de igualdad, nos referimos a lo que establece en el Sistema de Justicia Penal acusatorio en el que víctima, acusado, defensor y Ministerio Público tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. Es un derecho fundamental”, dice el documento.
“Para tener una defensa adecuada, el acusado tiene derecho a conocer el expediente completo, certificado, con las debidas cadenas de custodia y en orden; no obstante, hasta la fecha, el Ministerio Público no ha cumplido con esa obligación. Al contrario, cada vez que nos encontramos frente al juez, ha dejado en evidencia que siguen incorporando elementos sin que la defensa tenga conocimiento.Prueba que no está incorporada, es inválida”, agregaron los abogados.
La defensa de Campos también denunció que en la audiencia del pasado 10 de marzo, los agentes del Ministerio y los abogados se reunirían para cotejar los expedientes, tener las copias necesarias, así como las cadenas de custodia; sumado a ello habían acordado videograbar la audiencia, pero finalmente nada de esto ocurrió porque los agentes no lo quisieron.
Maru Campos enfrenta una acusación por su presunta participación en el caso de la “nómina secreta” del exgobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez, cuando era integrante de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado.
Según Javier Corral, mandatario chihuahuense, denunció ante el líder nacional del PAN, Marko Cortés, que la candidata panista recibió sobornos en 2014 y 2015 de parte de Duarte Jáquez.
Su defensa agregó que se ha evidenciado la clara persecución política en contra de Maru Campos: En 2017 fue interpuesta la denuncia por la Secretaría de la Función Pública, y nunca se hizo nada. No fue sino hasta el 15 de julio, cuando se reactivó el caso. El gobernador Javier Corral anunció que metería a la cárcel a Maru Campos pero fue hasta noviembre, a unos cuantos días de que iniciara el proceso interno del PAN para elegir candidata a gobernadora cuando avivó el caso.