Legisladores de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) advirtieron que no aprobarán un periodo extraordinario en la Comisión Permanente para desaparecer los poderes en el estado de Tamaulipas, ni nada que trastoque o pretenda debilitar el Orden Federal.
Los panistas en las cámaras de Diputados y Senadores aseguraron que "un periodo extraordinario para desaparecer los poderes del estado libre y soberano de Tamaulipas no contará con nuestro apoyo, por ser un ataque directo al Pacto federal, el cual todos estamos obligados a respetar".
Subrayaron que sólo estarán a favor de un periodo extra en el Senado para abordar temas de interés legislativo que beneficien a México, como resolver la crisis de salud y económica que vive el país, además de que se haga justicia a las víctimas de la tragedia de la Línea 12 del Metro.
"En esos temas son en los que deberíamos concentrar el trabajo legislativo. Cualquier otro para el que la mayoría pretenda convocar a un periodo extraordinario no contará con el apoyo de las y los integrantes del Grupo Parlamentario del PAN", ratificaron.
Mucho menos, añadieron, si se pretende usar el mismo periodo extraordinario para seguir minando a las instituciones o el Federalismo, en referencia a la orden de aprehensión contra el mandatario de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, otorgada por un juez a la Fiscalía General de la República.
Por su parte, los grupos parlamentarios del PRI en el Senado y Cámara de Diputados se sumaron al rechazo de avalar el periodo extraordinario que propondría la mayoría legislativa para desaparecer los poderes en Tamaulipas.
"El uso de la mayoría legislativa para intervenir en las decisiones de poderes e instituciones autónomas debilita el Estado de Derecho, genera incertidumbre y confronta a la sociedad", establecieron.
Los integrantes del PRI en la Comisión Permanente ratificaron su compromiso con el federalismo e hicieron un llamado a todas las partes a respetar la ley y la resolución de la Corte, así como a retomar los causes institucionales, para evitar un conflicto mayor que vulnere el orden federal.