El Juez Octavo de Distrito de la Ciudad de Reynosa, Tamaulipas, concedió la suspensión definitiva de amparo al gobernador de la entidad, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por considerar que a pesar de la gravedad de los delitos que enfrenta todavía mantiene fuero.
“El suscrito opta por proteger el interés social, sobre la regla particular aludida, de momento, y solo para efectos de esta medida suspensional, pues la gravedad de los hechos con apariencia de delito que se le imputen al amparista, no pueden estar por encima de la inmunidad procesal”, consideró el juzgador en su sentencia sobre el juicio de amparo 669/2021.
Actualmente hay una orden de aprehensión su contra, girada por el juez Iván Aarón Zeferín Hernández, por los presuntos delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Al resolver esta etapa procesal del juicio de amparo, el juez Faustino Gutiérrez Pérez determinó conceder la protección de la justicia al mandatario.
“Se concede la suspensión definitiva que solicitó Francisco Javier García Cabeza de Vaca, contra las restantes autoridades responsables, y respecto a la orden de aprehensión girada en su contra”, escribió el juzgador en su sentencia sobre el expediente de amparo 669/2021.
El pasado 26 de mayo, el juez Octavo de Distrito concedió la suspensión provisional de amparo a García Cabeza de Vaca mientras solicitó al Consejo de la Judicatura que le informaran si había alguna orden vigente de aprehensión en contra del gobernador tamaulipeco.
El Juez Iván Aarón Zeferín Hernández confirmó que había ordenado su detención por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).
Uno de los reclamos que presentó la defensa de García Cabeza de Vaca es que esa orden se giró a pesar de que un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), había determinado que mantenía la inmunidad procesal o fuero.
El Juez consideró que el gobernador de Tamaulipas tiene razón y por eso le concedió la suspensión definitiva, hasta que determine si hay una violación a los derechos del mandatario o no.
El gobierno federal puede impugnar la decisión judicial ante un tribunal colegiado y eventualmente, el caso podría llegar a la SCJN.
