UIF investiga posible "lavado de activos"

Vinculan a proceso a presunto prestanombres de Cabeza de Vaca

El empresario es acusado por delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita; recibió varios contratos de obra pública en Tamaulipas

Cabeza de Vaca Foto: Cuartoscuro

Un juez federal vinculó a proceso al empresario Baltasar Higinio Reséndez Cantú, socio del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

El Juez del Centro de Justicia Federal ubicado en el penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, encontró elementos para iniciar el proceso en contra de Reséndez Cantú, quien está acusado de ayudar al gobernador tamaulipeco para evadir el pago de impuestos por más de 6.5 millones de pesos.

En el proceso abierto contra el empresario también figura el gobernador tamaulipeco, que no ha sido detenido debido a una controversia sobre el fuero constitucional del cargo.

Además, las investigaciones de la FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) señalan que el empresario fue beneficiario de varios contratos de obra pública en Tamaulipas.

UIF también investiga posible lavado de activos

La UIF también acusó a Baltazar Reséndez de colaborar con Cabeza de Vaca en “el lavado de activos” a través de las empresas Inmobiliaria RC Tamaulipas y Barca Reynosa. De acuerdo con la UIF estas empresas no tenían trabajadores y sus declaraciones fiscales fueron presentadas en ceros durante los últimos años. A pesar de eso, en 2018 transfirió 33 millones 500 mil pesos al empresario y presunto prestanombres de García Cabeza de Vaca, Francisco Taméz Arellano.

Reséndez Cantú fue detenido por alguaciles de la ciudad de McAllen, Texas, y entregado el pasado 1 de julio a las autoridades mexicanas. En esa ocasión el empresario fue dejado bajo custodia de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), que lo trasladó de inmediato al penal del Altiplano.

EL juez ratificó la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar y fijó un plazo de tres meses prorrogables, para el cierre de la investigación complementaria por parte de la FGR.

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