El gobernador de Colima, José Ignacio Peralta, quien está a poco más de dos meses de dejar el cargo, está en la mira para enfrentar un juicio político, además de ser demandado por el sindicato de trabajadores de su administración, a quienes, por falta de liquidez, no se les pudo pagar la nómina de la segunda quincena de julio.
El martes, la diputada Claudia Aguirre, coordinadora de Morena en el Congreso local, anunció que se solicitará juicio político contra Peralta Sánchez por presunta corrupción, además del “daño tan grave” al que se enfrentan los empleados de Gobierno por la falta de sus pagos.
Ante la “complicada” situación financiera que enfrenta el Gobierno estatal
—la cual el mandatario adjudicó a la crisis derivada de la pandemia, que limitó la recaudación de impuestos, además de pagos por mil millones de pesos de créditos que pidió la administración—, el Congreso de Colima citó a comparecer ayer al mandatario, así como al exsecretario de Planeación y Finanzas Arturo Noriega, para que rindan un informe sobre los motivos por los que hay falta de liquidez.
Sin embargo, ayer el Congreso acordó recorrer el día de la comparecencia para el extesorero, el gobernador, así como Marina Nieto, actual secretaria de Finanzas del estado, para el próximo viernes 6 de agosto, a las 10:00 y 16:00 horas.
La decisión dio margen para que el gobernador continúe gestiones para dar solución al problema, que de acuerdo con el Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (STSGE) afecta a por lo menos tres mil trabajadores: de confianza, por contrato, sindicalizados y jubilados.
Mientras tanto, la administración de Peralta Sánchez continúa sin obtener una solución. Ayer, el gobernador informó que el martes se reunió con la subsecretaria de Egresos de Hacienda, Victoria Rodríguez Ceja, como parte de sus gestiones para obtener recursos extraordinarios y poder pagar la nómina a los trabajadores de su administración; sin embargo, hasta la tarde de ayer no se había dado a conocer el resultado del encuentro.
“Mi prioridad es lograr la liquidez que me permita cumplirle a las y los trabajadores. Sé que vamos a encontrar una solución, haré todo lo posible para que así sea”, escribió en redes sociales.
A la par, la Asamblea Permanente del Comité Ejecutivo del STSGE aprobó emprender acciones legales en contra del gobernador y la administración que encabeza, por la falta de pago de salarios y retenciones a los trabajadores.
El sindicato acordó recurrir a la Fiscalía del estado por fraude equiparado al no entregar retenciones, una demanda laboral por impago a tres mil 100 empleados y una auditoría para investigar por qué se dejaron de pagar los salarios.
Los trabajadores del Gobierno viven en la “incertidumbre” por no saber el futuro de su dinero. Tal es el caso de “María Elena”, quien solicitó no dar su nombre real por temor a represalias; explicó que “en plena época de pandemia, con lo difícil que está la vida, el Gobierno debería entender que dejar sin pago es muy injusto”.
