Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, evidenció adeudos detectados en 10 dependencias de la administración anterior, del perredista Silvano Aureoles, que suman 12 mil 780 millones de pesos y forman parte de un boquete financiero de 50 mil millones.
“La administración saliente fue de excesos, de privilegios que nos tienen sufriendo y atendiendo una terrible resaca financiera. Es una de las herencias malditas que nos dejaron en el tema financiero” dijo.
La titular de la Secretaría de Contraloría, Azucena Marín, detalló que este adeudo no bancario se encontró dispersado entre la Coordinación General de Comunicación Social y las secretarías de Gobierno, de Seguridad, del Migrante, de la Mujer e Igualdad Sustantiva, de Desarrollo Económico, de Desarrollo Rural y Agroalimentario, de Medio Ambiente, de Cultura y de Educación.
En la Secretaría de Salud también encontraron inconsistencias; sin embargo, el adeudo que tiene no ha podido ser cuantificado, ante la falta de expedientes de obras, por lo que lo único que se contabilizó fueron 741 juicios laborales en curso.
Azucena Marín señaló que la Secretaría de Educación es la que arrastra el mayor adeudo, ya que debe 11 mil 648.6 millones de pesos, que corresponden a la cotización de dos quincenas ante el ISSSTE, prestaciones del 2020 y adeudos proyectados al cierre del 2021.
Respecto a la Coordinación General de Comunicación Social, la deuda detectada fue de 84.71 millones de pesos, correspondientes al pago de proveedores y medios de comunicación, con contratos que fueron firmados en mayo, cuando la veda electoral estaba vigente y la entidad atravesaba problemas de salud, señaló la contralora.
“Vamos a abatir ese sentimiento de que pueden hacer lo que quieran, de que al final de cuentas no pasa nada. No podemos seguir en ese estado de impunidad en cuanto a servidores públicos que no cumplen con sus atribuciones”, sentenció Azucena Marín.
El mandatario estatal señaló que, antes de proceder, la Contraloría deberá concluir la revisión de las finanzas del gobierno saliente, para resguardar el debido proceso; posteriormente, los funcionarios correspondientes serán llamados para que aclaren las irregularidades.
Deudas por secretaría:
- Secretaría de Educación: $6, 023 mdp
- Secretaría de Gobierno: $11.7 mdp
- Coordinación General de Comunicación Social: $84.71 mdp, que se suman a un gasto de $290.4 mdp
- Secretaría de Seguridad Pública: 555 mdp
- Secretaría de Desarrollo Económico: $72.85 mdp
- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario: 79 mdp, respecto al cual señaló un fraude con el Seguro Catastrófico en el que sólo 132 mdp de los 240 mdp asignados fueron entregados a campesinos.
- Secretaría del Migrante: $144 mil 908 mdp
- Secretaría de Cultura: $10.5 mdp
- Secretaría de la Mujer e Igualdad Sustantiva: $3.81 mdp
- Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial: $635 mil pesos
“Lo que detectamos es que el gobierno anterior utilizaba un modelo de fraude con base en arrendamientos; rentaban las patrullas, el C5, los cuarteles de la policía... (las rentas) eran cuatro o cinco veces más caras que el producto arrendado” agregó.
Respecto a la investigación publicada hoy, en la que se apunta que el gobierno de Silvano Aureoles contrató en 2017 a una empresa propiedad del empresario Víctor Álvarez Puga, el gobernador aseguró que también es un caso bajo investigación.
Precisó que este contrato fue firmado por 19 millones 500 mil dólares con los cuales se pagó un software de servicio de monitoreo y actualización constante de las direcciones de IP en todo el territorio del estado y la instalación de 12 terminales de monitoreo.
”Todo indica que es de espionaje… por supuesto que forma parte de las investigaciones que se realizan. No sabe a quién se espiaba y no creo que se sepa” dijo.
fgr
