El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, confirmó el traslado de 24 internos del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Puebla, donde un bebé fue encontrado sin vida, hacia penales federales.
Afirmó que las personas privadas de la libertad fueron llevadas a Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) de Chiapas, Oaxaca y sólo uno fue trasladado al penal de Gómez Palacio, Durango.
Aunque no precisó detalles sobre este último, trascendió que se trata de Eukid Castañón, operador político del exgobernador Rafael Moreno Valle.
En conferencia de prensa, el mandatario estatal dijo que la Subsecretaría de Reclusorios y la Secretaría de Seguridad Pública solicitaron este cambio, debido a que los internos querían controlar el penal e imponer sus condiciones.
Además, apuntó que los mandos a cargo de los reclusorios, que intenten otorgar privilegios a los internos, serán destituidos y procesados.
Respecto al tema, el gobernador llamó “desleales” a los funcionarios que filtraron la información a los medios.
“Hay siempre servidores públicos desleales, que entregan los documentos que ellos manejan y los entregan maliciosamente para ser publicados. Toda esa información puede ser conocida, pero no es así el método. Hay que ser muy cuidadoso de nuestras profesiones”, dijo.
Sobre los avances en la investigación acerca del caso de Tadeo, el pequeño cuyo cuerpo sin vida fue encontrado dentro de un basurero en el Cereso, adelantó que en las próximas horas o días se divulgará la información pendiente. “Todo está esclarecido”, afirmó.
Barbosa niega estar detrás de la toma de la UDLAP
Durante la sesión, también negó estar detrás de la toma de la Universidad de las Américas campus Puebla (UDLAP), con el fin de apropiarse de 720 millones de dólares que pertenecen a la fundación Mary Street Jenkins.
Este domingo, el semanario Proceso publicó que la toma de las instalaciones, por parte de policías estatales, bajo la orden del gobernador, es una estrategia elaborada por el despacho de abogados fundado por el panista Roberto Gil Zuarth, para que el gobierno estatal “pueda recuperar más de 720 mdd”, al intervenir en el pleito legal que mantienen los herederos de dicha fundación.
El mandatario morenista sostuvo que el conflicto está planteado ante los tribunales y tendrán que ser éstos los que resuelvan el conflicto y no su gobierno, pues no es parte del litigio, aseguró.
Lemm.