La Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León presentó una denuncia en contra del exgobernador Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” y exmiembros de su gabinete por el presunto delito de abuso de autoridad.
El oficio abierto ante la Contraloría señala al transportista Abelardo Martínez como el ofendido y refiere que el exmandatario suspendió el servicio del concesionario de la Ecovía en 2016. Al imponer una requisa de sus bienes y derechos, no indicó las acciones correctivas para reanudar las operaciones de la concesión que le otorgaron desde 2012.
Asimismo, subraya que la empresa concesionaria se quedó sin la oportunidad de recuperar los bienes, recursos económicos y humanos, ya que en ningún momento se le precisó lo que debía mejorar para evitar la suspensión y posterior expropiación de los bienes.
La requisa de sus bienes y derechos con relación a la concesión de transporte que les había sido otorgada el 30 de noviembre de 2012, requisa la cual sería administrada por Manuel Benjamín González Fernández, director de Ecovía, Transmetro y Metrobús de Metrorrey, quien fue nombrado administrador de la requisa; violentando lo establecido en el artículo 102 de la Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable de Nuevo León, al inobservar la naturaleza temporal de dicha medida de seguridadOficio abierto ante la Contraloría
Asimismo, la denuncia explica que, al no comunicar las acciones correctivas con las que debería cumplir dicho concesionario, a fin de que la medida de seguridad impuesta fuera levantada, se convirtió en un acto autoritario que afectó los bienes y derechos de la empresa al quedarle prohibido disponer de sus bienes, recursos económicos y humanos en la operación y servicio de la concesión otorgada.
A partir de la acusación también son investigados Roberto Russildi Montellano, exsecretario de Desarrollo Sustentable, así como Jorge Alfredo Longoria Treviño, exdirector de la agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público de Nuevo León.
La Contraloría de Nuevo León también denunció ante la Fiscalía Anticorrupción a Eduardo Pulido Quintanilla y a María Eugenia Rodríguez Monreal, funcionarios de la Secretaría de Infraestructura.
Guadalupe Hernández González, quien es esposa del exdirector de Agua y Drenaje, Gerardo Garza, también forma parte de las acusaciones por ilícitos en el ejercicio del servicio público y ejercicio abusivo de funciones.
Todas estas personas supuestamente fungieron como “aviadores” en la administración estatal, de acuerdo con el documento interpuesto.
MAEP