Alrededor de 200 cooperativistas de la Cruz Azul, encabezados por Federico Sarabia Pozo, Alberto López Morales, Joel Vázquez Dolores y Pablo Reséndiz García, quienes mantienen bajo su control la planta de Tula, se encuentran bajo investigación y enfrentan órdenes de aprehensión por los delitos de robo de cemento, lavado de dinero y despojo.
De acuerdo con una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República, dicho grupo modificó ilegalmente el procedimiento de despacho de cemento de la Cooperativa, para que con el producto de la venta irregular, se realizara una dispersión de recursos, refiere el expediente del caso, a empresas que presuntamente podrían facturar operaciones simuladas o con recursos de procedencia ilícita.
Derivado de lo anterior, dicho grupo de cooperativistas, al que relacionan con los intereses de Guillermo “Billy” Álvarez, el viernes 10 de diciembre de 2021, el Consejo de Administración de La Cruz Azul, S.C.L., congeló las cuentas de 211.
El pasado 15 de diciembre, un actuario del Poder Judicial en Hidalgo, puso en posesión del Consejo de Administración de Cooperativa La Cruz Azul, S.C.L., encabezado por Víctor Manuel Velázquez Rangel, dicha planta cementera localizada en el municipio de Tula de Allende.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública llevó a cabo un operativo mediante el cual el actual Consejo de Administración recibió la posesión del inmueble.
Sin embargo, alrededor de 200 socios, quienes han sido ya denunciados por otros 500, presuntamente apoyados por grupos de choque afines a Sarabia, retuvieron con el uso de violencia dichas instalaciones. El acto derivó en que a los presuntos ilícitos por los que han sido acusados se agregara el de despojo.
La planta de cemento de Tula es considerado como el último bastión de “Billy” Álvarez, quien, de acuerdo con los denunciantes, pretenden mantener un “sistemático saqueo como el que efectuaron por más de tres décadas al frente de la empresa”.
Sobre Álvarez Cuevas pesan hasta el momento dos órdenes de aprehensión y una ficha roja de Interpol para su búsqueda en 195 países.
Por su parte, Federico Sarabia Pozo, tiene desde el año 2021 dos órdenes de aprehensión en su contra. La primera por su probable responsabilidad en los delitos de fraude procesal, en virtud de su actuación ilegal al frente del Consejo de Administración; y la segunda por fraude genérico en contra La Cruz Azul S.C.L., por la comercialización de cemento en la Planta de Hidalgo.
Según la denuncias, dicha comercialización se habría llevado a cabo desde las oficinas de Concretos Cruz Azul ubicadas en Torres Adalid 517, en la colonia Del Valle, en la Ciudad de México, las cuales fueron recuperadas por los Cooperativistas el pasado viernes 11 de marzo del presente año.
Según la información contenida en la documentación del caso, la operaciones de robo de cemento se habrían apoyado para la dispersión de los recursos en las empresas Lasoid Group S.A. de C.V., Pestore Comercializadora S.A. de C.V., Estudio Logístico Foráneo S.A. de C.V. y Loasis Connection Services S.A. de C.V. Todas estas firmas presentan cuentas bancarias bloqueadas por la autoridad.
En situación similar están las de más de 30 exdistribuidores de cemento.
Dentro de la disputa por la planta de Tula, el grupo que controla Tula podría estar fracturándose, pues Joel Vázquez Dolores, aparece, según documentos judiciales, en la lista de testigos protegidos de la FGR.
Actualmente, los Consejos de Administración y de Vigilancia encabezados por Víctor Velázquez y José Antonio Marín, han recuperado las oficinas corporativas de La Cruz Azul S.C.L. en la Ciudad de México en agosto del 2020; las de Puebla e Hidalgo en septiembre de ese mismo año; y la de Lagunas, Oaxaca, en enero de 2021.