El líder campesino Humberto Valdovino Fuentes, de 53 años de edad, fue asesinado por sujetos armados en Santiago Pinotepa Nacional, municipio de la región costera de Oaxaca.
Primeros reportes señalaron que el defensor de los derechos indígenas y del pueblo afromexicano, Humberto Valdovino, habría sido asesinado a balazos al mediodía de este lunes, en calle 12 Sur y 5 Oriente del Barrio El Zapote, por dos hombres, quienes escaparon en una motocicleta tras realizar el ataque.
La Unión Cívica Democrática de Barrios, Colonias y Comunidades (Ucidebacc), en Pinotepa Nacional fue quien dio a conocer el homicidio del activista, que era uno de sus fundadores, por lo que condenó el homicidio perpetrado contra Humberto Valdovino.
En conferencia de prensa, la organización exigió que la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca y el gobierno del estado, esclarezcan el crimen “infame”, ya que señaló no quieren que el asesinato del activista “se convierta en una cifra más, que se quede impune”.
Además, la Ucidebacc pidió a la Fiscalía que atienda las denuncias de amenazas, desaparición forzada y casos de ejecuciones en contra de los integrantes de esta organización.
“Nosotros hacemos responsables al gobierno del estado y al gobierno municipal porque ellos son los que tienen que darnos la seguridad, porque están asesinando a ciudadanos, porque no es posible que el compañero Humberto conocido por toda la región haya sido asesinado de manera cobarde”, acusó la organización que lleva más de 30 años en defensa de la tierra y el territorio en la Costa chica de Oaxaca.
En tanto, la mañana de este martes, integrantes de la Red Estatal de Víctimas de Oaxaca “Tomás Martínez” realizaron una manifestación para exigir justicia por el asesinato de Humberto Valdovino y de otros activistas.
“Es triste que exista justicia para los ricos y poderosos, pero no exista justicia para nuestros hermanos caídos en la lucha; que salen día a día a luchar por las necesidades del pueblo, por el hambre, por las injusticias”, expresaron.
Durante la protesta, con banderas blancas y rojas, los manifestantes afirmaron que aunque siguen los homicidios contra activistas van a continuar reclamando justicia por todos los crímenes que se han cometido contra ellos, que señalaron no se les olvida.
Desde el primero de diciembre de 2018 hasta el 21 de mayo de 2022, en el país asesinaron a 110 defensores de derechos, como publicó La Razón en su edición de este lunes, por lo que con el homicidio de Valdovino, también conocido como “Nájera”, suman 111 homicidios contra activistas.
- El dato: en México viven dos millones 576 mil 213 personas que se reconocen como afromexicanas y representan dos por ciento de la población total del país.
Llamados de justicia responden a impunidad en México, señalan
Los asesinatos y otras agresiones cometidas contra personas defensoras de derechos humanos, como de los que fueron víctimas Cecilia Monzón y Humberto Valdovino en los últimos tres días, se insertan en un contexto estigmatizante en el cual el Gobierno no contribuye a generar espacios seguros.
Así lo refirió Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional (AI) México, quien en entrevista con La Razón afirmó que la narrativa de las autoridades es una afrenta para la labor de las organizaciones de la sociedad civil, para quienes defienden derechos humanos y las y los que se oponen a algunas decisiones del Gobierno, desde el cual se les ha llamado “conservadores u opositores”.
“El Gobierno no está contribuyendo a generar un clima de seguridad para quienes ejercemos labores de defensa de derechos humanos, ni para el conjunto de organizaciones”, señaló Olivares Ferreto.
Las exigencias de justicia provenientes de asociaciones y activistas, así como del Gobierno español respecto al asesinato de la abogada Cecilia Monzón, ocurrido el pasado 21 de mayo en San Pedro Cholula, Puebla, responden a que se conoce que el nivel de impunidad en México es elevado, refirió.
Calificó como comprensible que otros Estados hagan un llamado, “conociendo cuáles son las posibilidades reales de que los casos queden impunes; recordemos que es un país en donde 98 por ciento quedan impunes”.
Para Olivares Ferreto, el llamado también es para que el estado de Puebla tenga garantías efectivas de no repetición, pues “no puede ser que en este país las mujeres que salimos a defender los derechos de las mujeres estemos en riesgo de (perder la) vida”.
Por tal motivo, exhortó a que las autoridades de la entidad, además de hacer justicia para Cecilia Monzón, garanticen los derechos de quienes se manifiestan, pues “hay un derecho a la libertad de expresión y desde Amnistía también estamos vigilando que
el derecho a la protesta se respete”.
En ese sentido, afirmó que el conflicto se podrá resolver hasta que se reconozca que “México es un país peligroso para ejercer la defensa de los derechos humanos” y hasta que el Gobierno de la República genere medidas efectivas para proteger a las personas.
Refirió que el país también es considerado el segundo de la región en donde los defensores reciben más ataques y amenazas, por lo que insistió en que es deber del Estado garantizar que la vida e integridad de quienes viven y transitan en este territorio no corra riesgos.
“El Estado está cometiendo una gravísima omisión al no garantizar su vida y seguridad; son personas que están haciendo una labor que le toca al Estado hacer, que es defender los derechos humanos”, recalcó.
El desarrollo de políticas para la protección, dijo, debe hacerse con enfoque de perspectiva de género, así como un enfoque de derechos humanos e interseccionalidad, que responda a las necesidades reales de las personas.
“Las medidas no pueden estar diseñadas desde un escritorio en la Ciudad de México, cuando quienes realizan labores de defensa están en contextos complicados, que pueden no ser bien atendidos por una (falta) de evaluación de riesgo”, comentó.
Por ello, remarcó la importancia de emitir medidas que se basen en una verdadera evaluación de factores, que pudieran ser un agravante en la situación de riesgo para los defensores.
Desde su fundación en 1961, Amnistía Internacional apoya a los defensores porque se sitúan en primera línea de la lucha por los derechos humanos.
Condena UE asesinato de abogada en Puebla
La Unión Europea, Noruega y Suiza condenaron “firmemente” el asesinato de la activista y abogada Cecilia Monzón ocurrido el 21 de mayo en San Pedro Cholula, Puebla.
En un posicionamiento que publicaron en sus redes, expresaron sus condolencias y solidaridad con la familia, y amigos de la defensora.
“La muerte de Cecilia Monzón demuestra una vez más el preocupante grado de violencia e intimidación al que se enfrentan muchas personas defensoras de derechos humanos en México, fenómeno contra el cual luchaba la misma Sra. Mozón”, destaca la misiva.
Los miembros señalaron que Cecilia Monzón también era ciudadana española y su labor era defender y proteger a las mujeres, así como a las víctimas de violencia de género; también, denunciar la violencia social y política de género.
Además, exigieron una investigación transparente y expedita para que no queden “zonas de silencio”.
Finalmente urgieron a todas las autoridades competentes a hacer uso de todos los medios a su alcance, para generar entornos favorables a fin de que los defensores puedan ejercer su labor libremente y sin amenazas, ara que el asesinato de Cecilia Monzón no quede en la impunidad.
Hermana de Cecilia exige que no haya impunidad
La familia de la activista Cecilia Monzón, asesinada el pasado 21 de mayo, exigió que el feminicidio de la abogada no quede impune, además, se haga justicia y se castigue a los autores intelectuales y materiales.
En conferencia de prensa, la hermana de la víctima, Elena Monzón, quien viajó desde España para dar seguimiento al caso, señaló que: “lo que buscamos es que se haga justicia. Considero que es brutal, desde luego, me sangra como a todos ustedes, que esto esté sucediendo en cualquier lugar”.
Durante su mensaje, agradeció el apoyo que ha recibido de abogados y organizaciones civiles que externaron su ayuda con ella y su familia luego del feminicidio de su hermana, de quien destacó que pudieron asesinarla “pero no han matado sus ideas, su lucha, hemos perdido una luchadora, pero ganamos un ejército”.
Helena aseguró que han decidido dar un voto de confianza a las autoridades de Puebla para que esclarezca la muerte de la abogada de manera eficaz, rápida y digna.
Enfatizó que concretamente esperan que durante la investigación del asesinato de Cecilia se cuiden las garantías de legalidad; el debido proceso y se realice con perspectiva de género.
Además, la también abogada solicitó que se evite la filtración de información, así como la obstaculización de la investigación de cualquier forma y exista un proceso apegado al derecho.
“(La Fiscalía) nos ha asegurado que en las investigaciones no se descarta nada. En ese sentido, que quede claro que estamos dando un voto de confianza a la Fiscalía del Estado para que realice su trabajo de una forma rápida y eficaz para mi hermana”, dijo Helena Monzón
La también abogada apuntó que el deber que tienen con su hermana es continuar con la lucha de justicia que tenía de manera incansable la activista, por lo que garantizó que no descansaran hasta que se aplique todo el peso de la ley a los responsables del asesinato de la activista.
Colectivos comienzan a tener miedo de ataques
Expertos y activistas aseguraron que las autoridades minimizan la violencia contra las mujeres y advirtieron que, de seguir el panorama sin protección o estrategia, los homicidios irán al alza y el panorama será de mayor impunidad.
En entrevista con La Razón, la directora del colectivo Más Sueños, Perla Acosta, aseveró que los asesinatos no son cualquier cosa, ya que en México la impunidad permite que cualquier persona mate a otra sin ningún tipo de castigo, además de que, en estos momentos, hay un mayor riesgo porque ahora matan a las activistas mujeres, que era el sector que tal vez no se había tocado, lo que demuestra que el mensaje es de total inoperancia de las autoridades.
“No sabemos qué está pasando, si hay fallos en los sistemas o qué pasa, no es posible que en algunos casos se tengan que hacer investigaciones privadas para llegar a la verdad, porque las Fiscalías tapan o hacen sus análisis a modo y falsos. Hay una falta de interés por parte de las autoridades y la minimizan, ya que en México hay un foco rojo”, destacó.
La activista comentó que las mujeres en el país viven en un constante riesgo, y el reciente homicidio de la abogada Cecilia Monzón ha generado miedo entre las organizaciones, pues ya las ponen en peligro de su actividad.
“Es muy grave lo que está pasando porque ahora nos ponen en riesgo a nosotros, urge un cambio de estrategia para proteger a las mujeres, porque de seguir así seguirá el aumento de violencia y muchos más asesinatos”, explicó.
La activista Frida Guerrera aseguró que los casos de homicidio que se han dado en las últimas semanas no deben callarse, pues desde Palacio Nacional sólo se visualizan algunos y no la mayoría que ocurre en el país, además de que el tema de violencia contra la mujer se olvida por falta de interés.
“No sé quién determinó o quién dijo que los homicidios comenzaron con Debanhi y Yolanda; llevamos un tema callado, pero que en estos momentos todos quieren vivir de él y, al final, es lo mismo de siempre: no hay nada relevante, sigue la impunidad”, dijo.
De acuerdo con el informe “Agravios contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas”, de la Secretaría de Gobernación, hasta el 5 de octubre del 2021 se había informado sobre el asesinato de 94 defensoras y defensores de derechos.
En violencia de género, reformas quedan cortas
A pesar de los esfuerzos legislativos por frenar la violencia cometida en contra de las mujeres, las agresiones no han dejado de incrementarse en el país.
Durante las últimas dos legislaturas, 16 iniciativas presentadas en la Cámara de Diputados han sido aprobadas y publicadas en el Diario Oficial de la Federación, con objetivos puntuales para atender la violencia contra este sector poblacional; sin embargo, se han quedado cortas.
Mediante éstas, se han realizado adiciones o modificaciones a leyes como la Orgánica de la Administración Pública Federal, la de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la General en Materia de Delitos Electorales, de acuerdo con el Sistema de Información Legislativa.
También han sido sujetas a reformas la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y la General de Partidos Políticos.
En un contexto en el que las mujeres son agredidas en diversos espacios, las propuestas que sí lograron avanzar buscaron responder a demandas para erradicar la violencia política de género, en feminicidios, agilizar la implementación de las alertas por este delito, así como atender aquella que rompe la presencialidad y se traslada a los espacios digitales.
Sin embargo, en su último reporte de incidencia delictiva, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indicó que, de enero a abril, se han cometido 310 feminicidios.
A pesar de que esta cifra es 6.6 por ciento menor en comparación con el mismo periodo del año pasado, este ilícito ha mostrado una tendencia ascendente en los últimos siete años, aunque en los últimos tres se ha estabilizado, lo que no quiere decir que los delitos vayan a la baja.
En el periodo cuatrimestral, los feminicidios cometidos con arma de fuego repuntaron 14.7 por ciento y los de arma blanca subieron 11.5 por ciento.
En el informe desagregado, que aborda los delitos cometidos específicamente contra mujeres, cuya actualización se dará hoy, destaca que, en marzo, se registró la segunda cifra más elevada de lesiones dolosas (cinco mil 951) desde mayo del 2021, cuando se contabilizaron seis mil 167.
En ese mismo mes también se rompió el récord con 334 mujeres víctimas de extorsión, la cifra más alta de la que se tiene registro desde el 2015; lo mismo ocurrió con las víctimas de corrupción de menores, con 193, y con el número de llamadas de emergencia relacionadas con violencia contra a este grupo, al sumar 28 mil 832.
El pasado 1 de junio fueron publicadas dos iniciativas presentadas por las diputadas Lizeth Amayrani Guerra Méndez, de Morena, y de Olga Patricia Sosa Ruiz, del PES, cuyos fines fueron atender la violencia digital contra las mujeres.
Con información de Yulia Bonilla y Jorge Butrón
