Un juez decidió vincular a proceso a los primeros cinco detenidos por el linchamiento del abogado Daniel Picazo en Huauchinango, Puebla, al ser señalados por los probables delitos de homicidio calificado y daño en propiedad ajena.
Además, fueron detenidas otras dos personas presuntamente involucradas en los hechos.
Durante la audiencia, el juzgador impuso a Óscar “N”; Alejandro “N”; Raymundo “N” y/o Reynaldo “N”; Abraham “N”; y Oswaldo “N” y/o Oswaldo Cecilio “N”, la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en tanto continúa el procedimiento judicial en su contra.
Los agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) cumplimentaron otra orden de captura en contra de Simón “N”, familiar de uno de los imputados ya vinculados a proceso.
También fue detenido José “N”, quien, durante los cateos a 12 inmuebles para el cumplimiento de las primeras aprehensiones, agredió con un machete a los elementos y ahora se investiga su presunta participación en el linchamiento.
Consultado por La Razón, el abogado penalista Irving Regino consideró que los probables responsables podrían alcanzar una pena de 30 a 50 años de prisión, dependiendo del grado de participación que hayan tenido.
Calificó como lamentable que el país haya llegado al grado de “autotutela” para obtener justicia, ante la impunidad, “que es el pan de cada día”, y resaltó que la propia Constitución prohíbe el hacerse justicia por propia mano.
“Justamente, el artículo 17 del Pacto Federal señala dicha prohibición, pues para ello existen tribunales que se encargarán de impartir justicia (...) las fiscalías deben encargarse de investigar estas conductas ilícitas, que pueden derivar en lesiones o hasta un homicidio”, expuso el experto.
Apuntó que, en este último supuesto, el Código Penal lo sanciona de ocho a 20 años de prisión, pero al tratarse de una multitud, entre otras agravantes, podría alcanzar de 30 a 50 años de prisión.
“Es un tanto complicado, pues no suele ser sencillo identificar a los que participan en un linchamiento; sin embargo, ello no exime a la autoridad de hacer su labor”, subrayó.
Al referirse al caso, el gobernador poblano, Miguel Barbosa Huerta, comentó que entre los cinco detenidos se encuentra quien calcinó a la víctima tras haber sido golpeada y rociada con gasolina.
“El linchamiento que ocurrió es vergonzoso; un hecho no representa al estado ni al municipio. Ante la violencia, debemos actuar con tolerancia, diálogo y aplicación estricta de la ley. Trabajamos para garantizar mejores condiciones de vida y convivencia social”, mencionó.
El miércoles pasado, la Fiscalía de Puebla aprehendió a cinco hombres que probablemente participaron en el linchamiento ocurrido el 10 de junio, cuando un grupo de pobladores de la comunidad de Papatlazolco retuvo al exasesor de la Cámara de Diputados, con el argumento de que se les hacía sospechoso el vehículo en el que se trasladaba.
Los pobladores lo acusaron de supuesto secuestro de menores de edad y lo golpearon; luego, lo llevaron a la explanada de la cancha de basquetbol de la comunidad y le prendieron fuego.
El martes pasado, familiares y amigos del abogado le dieron el último adiós con una misa de cuerpo presente, para ser trasladado en un cortejo fúnebre hacia el panteón de San Nicolás Tolentino, alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México, donde residía.
