En México, sólo una entidad de la República cumple con el estándar mínimo establecido por la ONU, de contar con al menos 1.8 uniformados por cada mil habitantes, de acuerdo con el informe de Modelo Óptimo de la Función Policial, realizado por la Secretaría de Gobernación (Segob) a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) —con corte al 31 de diciembre del 2020—.
La Ciudad de México es la única entidad que rebasa ese umbral, e incluso el ideal recomendado por el organismo internacional, que es de cuatro policías por cada mil habitantes, al registrar una tasa de 4.4 por cada mil ciudadanos.
De los 31 estados, 24 tienen menos de un agente por cada mil habitantes, lo que los coloca lejos del nivel mínimo recomendado. Estos 24 tienen una tasa de 0.5 en promedio. Los que tienen mayores tasas son Yucatán, con 1.6; Tabasco, con 1.4, y Chiapas y Tamaulipas, con 1.3 cada uno.
En tanto, los que tienen los indicadores más bajos son Baja California, con 0.1; Sinaloa, 0.2; Sonora y Querétaro, 0.3 cada uno, mientras que Coahuila, Morelos, Durango y Aguascalientes tienen 0.4 cada uno.
Estos datos reflejan la fragilidad de las policías estatales en momentos en que se discute en el Congreso de la Unión una reforma constitucional para extender la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
Al respecto, María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, dijo a La Razón: “el problema no es el número, el problema es que les han quitado todo el dinero para prepararlos y todo ese dinero está en la Guardia Nacional, en la Sedena y en la Marina”.
Las cifras parecen darle la razón.Según un estudio de Causa en Común, en el 2021 se eliminó el Subsidio Federal para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública, el cual manejaba casi cuatro mil millones de pesos para apoyar a cerca de 300 municipios.
Además, desde el inicio de la administración federal, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública se ha mantenido prácticamente estancado, ya que en 2018 era de seis mil 989 millones de pesos; en 2019 llegó a siete mil 673; en 2020 fue de siete mil 744; en 2021 tuvo siete mil 696, y este año fue de siete mil 988 millones de pesos.
Morera detalló que la situación actual que viven los policías municipales y estatales es desafortunada, ya que “les quitaron todos los fondos”. Es por ello, dijo, que el Secretariado Ejecutivo (del SNSP) no cumple con su función de auditar a las corporaciones para el desarrollo policial, y entonces no podemos tener unas buenas policías, pero, acotó, “la solución no es el Ejército”.
Consideró que el cuerpo armado ha demostrado, a largo de muchísimos años, “al menos 16, desde Calderón”, no ser la solución: “el Ejército no sabe realizar tareas de seguridad pública; además, con la ley del Sistema Penal Acusatorio tiene que actuar como primer respondiente después de que hace una investigación y detiene a una persona, y no sabe actuar como primer respondiente. No saben ser policías porque los prepararon para ser soldados”.
