Francisco González Arredondo, exfiscal de Chihuahua, fue vinculado a proceso por una jueza local de la entidad por el delito de tortura.
De acuerdo con información de la Fiscalía estatal en la audiencia realizada ayer, el Ministerio Público presentó pruebas para demostrar que el imputado ejerció “tratos crueles, inhumanos y degradantes” contra una persona de, hasta ahora, identidad reservada.
Según el expediente del órgano autónomo, González Arredondo ejerció los presuntos actos de tortura entre los años de 2017 y 2018 cuando se desempeñaba como agente del Ministerio Público de Chihuahua durante el gobierno de Javier Corral.
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También, durante su periodo de trabajo, fue el coordinador de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Fiscalía estatal y estuvo a cargo del caso “Operación Justicia para Chihuahua” o “Expedientes X”, una estrategia del exgobernador panista Javier Corral Jurado para investigar la red de corrupción del priista César Duarte Jáquez.
El dictamen del Protocolo de Estambul que realizaron los peritos y psicólogos de la Organización de Estados Iberoamericanos determina que Francisco obtuvo declaraciones de cinco personas mediante el uso de la fuerza.
“Los interrogatorios comprendían largos periodos en los que prohibía el agua, alimentos e ir al sanitario, incurría en gritos, actitudes violentas y amenazas contra la víctima y su familia, todo ello calificado como tortura psicológica”, refiere el documento.
El dictamen señaló que, tras los actos, “las víctimas presentaron efectos como insomnio, migraña, crisis de ansiedad... además de afectaciones sociales relacionadas a pérdida de empleo, estigmatización social; consumo de alcohol y de comida incontrolados”.
La Jueza de Control, Hortensia García Rodríguez, impuso un año de prisión preventiva, y además fijo tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
Francisco fue arrestado el pasado 21 de noviembre en la ciudad de Delicias tras un operativo realizado por elementos de la Fiscalía estatal. Su aprehensión e investigación derivó de una denuncia que presentó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, informó el fiscal de Chihuahua, Roberto Javier Fierro.
AM
