Desplazados: viacrucis que padecen miles en Zacatecas

A Benjamín Carrillo Guzmán le costó muchos años de esfuerzo y trabajo hacerse de un patrimonio en la comunidad de Palmas Altas, pero tuvo que dejarlo todo —al igual que centenares de personas— para huir hacia la cabecera municipal de Jerez, por temor de que algo le pasara a su familia, ya que grupos delictivos se apoderaron del lugar.

“El miedo fue el que nos hizo salirnos; cada uno de acuerdo a nuestros nervios, nos fuimos saliendo por la razón de que se empezaban a llevar gente del rancho”, cuenta Benjamín a La Razón.

El 4 de marzo del 2021, Benjamín y su familia decidieron salir de su casa, debido a que en su comunidad los delincuentes ya se habían llevado a varias personas; a algunas las regresaban golpeadas y otras fueron asesinadas. Lo mismo paso en comunidades cercanas a Palmas Altas.

Con la llegada de David Monreal al Gobierno de Zacatecas, meses después, el viacrucis de miles de familias que tienen que dejar sus hogares debido a la violencia se recrudeció.

De acuerdo con información aportada por colectivos y legisladores, se calcula que al menos diez mil personas fueron desplazadas de sus hogares hasta marzo del 2022, principalmente de 18 comunidades de los municipios de Fresnillo, Jerez y Zacatecas, capital.

La cifra fue mencionada por la senadora del PT, Geovanna Bañuelos —quien citó una fuente oficial—, al presentar un punto de acuerdo el 2 de marzo del año pasado, para pedir a las autoridades estatales que promuevan una solución a esta problemática.

Benjamín cuenta que para noviembre del 2021 —cuando Monreal ya tenía dos meses en el cargo— la comunidad de Palmas Altas ya se había quedado completamente vacía.

“Todos nos salimos, se quedaron sólo algunos, que a lo mejor todavía tenían buenos nervios o que no tenían a dónde llegar por así decirlo, en Jerez. La necesidad los hizo aguantar y aguantar hasta noviembre del 2021, en que completamente se quedó el rancho solo”, expone.

En marzo del año pasado algunas familias regresaron para intentar vivir “una nueva normalidad”, animados por la instalación de una base militar cerca de Palmas Altas. La necesidad de volver a las labores del campo para sostener a su familia fue el motivo principal para regresar, dice Benjamín.

“Los que regresamos más o menos somos alrededor de unas 100 personas, como de 350 que éramos”, precisa. Pero lamenta el hecho de que los criminales de la zona saquearon todas las viviendas. “Yo no esperaba que se hubieran metido a nuestra casa; encontramos todos los candados trozados y los vidrios quebrados” relata.

A pesar de la aparente protección que hay por la presencia de las Fuerzas Armadas, la situación en los caminos para llegar a las comunidades no ha mejorado. “Por el camino se siguen viendo malandros, ya no le han dicho a uno nada, ¿verdad?, pero a veces nomás los ve uno pasar, ahí siguen”.

Realizar las labores cotidianas en esta comunidad que aún sigue abandonada en su mayor parte se ha convertido en otro peregrinaje para quienes decidieron volver. No hay en dónde comprar productos básicos y en la única escuela no hay ni estudiantes ni profesores, pues los maestros también huyeron.

El único Centro de Salud que hay cerca también fue saqueado y para atender una emergencia médica es necesario ir a la cabecera municipal de Jerez, a casi una hora de la comunidad.

Cuando algunas familias regresaron, el Gobierno estatal prometió rehabilitar las casas saquedas, pero al no terminar las obras las dejó peor de lo que estaban.

“Tumbaron todo, hasta las bardas, dejaron como unas tapias viejas ahí a la mitad. Ya no volvieron y pues ahora se quedó así, antes por lo menos tenía las paredes y el techo, aunque desbalanceados, pero estaban, y ahora ya nada”, lamenta Benjamín.

Y el viacrucis no termina. Apenas el pasado 9 de febrero, hombres armados irrumpieron en la comunidad de San Pascual del municipio de Tepetongo, para correr de sus viviendas a por lo menos 50 familias.