El pasado 31 de marzo, el juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, Rodolfo Pedraza Longi, sobreseyó el juicio de amparo presentado por el Colectivo Ciudadano Isla Cozumel para frenar la construcción del cuarto muelle de cruceros en la isla.
En su resolución, el juez determinó que los quejosos no son habitantes de Cozumel, a pesar de que presentaron documentos oficiales que acreditaban su residencia en la zona y de que se les había reconocido como tales en un juicio anterior en enero de 2022.
Según la sentencia, las copias certificadas de las credenciales para votar de los quejosos, así como las constancias de residencia presentadas, no son suficientes para demostrar su residencia en la comunidad que se dice afectada por la construcción del muelle.
Los demandantes anunciaron que impugnarán la sentencia y solicitarán la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso.
Mientras el recurso de revisión presentado por los quejosos no sea resuelto, sigue vigente la suspensión otorgada anteriormente y la construcción del muelle de cruceros en Cozumel no puede llevarse a cabo.
El 5 de enero de 2022, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la concesión a la empresa Muelles del Caribe, para construir y operar una Terminal Marítimo-Portuaria de cruceros en el municipio de Isla de Cozumel, en Quintana Roo, sin embargo, la construcción fue suspendida meses atrás debido al juicio de amparo presentado por el Colectivo Ciudadano Isla Cozumel.
A pesar de que la suspensión sigue vigente, la empresa concesionaria ya había iniciado algunos trabajos preliminares en la zona antes de la suspensión, lo que ha generado preocupación entre los habitantes de la isla.
Sin embargo, el Centro Contra la Discriminación (CECODI) brindó asesoría jurídica a los afectados para promover un juicio de amparo, y el expediente correspondiente fue radicado con el número 62/2022 en el Juzgado Tercero de Distrito en Cancún, a cargo de la jueza Pamela López Swain, quien admitió la demanda a través de un auto con fecha del 28 de enero de 2022.
No obstante, el 11 de abril de 2022, la jueza López Swain otorgó la suspensión definitiva de la concesión para evitar la ejecución de las obras que se pretendían llevar a cabo, esto se hizo con el fin de proteger el medio ambiente, mantener viva la materia del juicio y garantizar una tutela efectiva del derecho al medio ambiente, al evitar daños irreparables. Además, se consideró que la precaución es un eje importante en el derecho ambiental y se tomó en cuenta el interés de la sociedad, así como el daño que podrían causar los actos reclamados al ecosistema donde residen las personas que promovieron el amparo.
A pesar de lo anterior, Pamela López Swain dejó de fungir como jueza en septiembre de 2022 debido a una licencia. En su lugar, se nombró a Ana María Nava Ortega para conocer del juicio. Posteriormente, los autos del caso fueron remitidos al juez Rodolfo Pedraza Longi el 7 de febrero de 2023, para que pudiera dictar una sentencia en apoyo a Nava Ortega.
JVR