La acción penal ejercida en días pasados en contra de dos integrantes del gabinete del exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, es sólo la punta de la madeja de una serie de irregularidades que encontró el órgano auditor del estado en los dos últimos años de la administración del panista.
Tras la revisión de las cuentas públicas de los dos últimos años del gobierno de Corral, la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua (ASCH) presentó al menos seis denuncias penales ante la Fiscalía Anticorrupción por mal manejo de los recursos públicos.
De acuerdo con los informes correspondientes, tres de las denuncias se desprendieron de la Cuenta Pública del 2020 y todas fueron en contra de la Secretaría de Hacienda, cuyo extitular, Arturo Fuentes Vélez, se encuentra prófugo, con una orden de aprehensión pendiente de ser ejecutada.
En tanto, de la Cuenta Pública del 2021 derivaron tres denuncias, una de ellas en contra de la misma Secretaría de Hacienda, otra en contra de la Secretaría de Desarrollo Social y una más en contra del Instituto Chihuahuense de Salud, organismo que estaba bajo el mando del exsecretario de Salud, Eduardo Fernández Herrera, actualmente imputado por mal uso de 401 millones de pesos.
El informe del 2020 consigna diversas observaciones por “presunta responsabilidad administrativa” en contra de la Secretaría de Hacienda, entre ellas la “Forense 1”, que consiste en la omisión de pago de obligaciones de seguridad social por un monto de 761 millones 389 mil 498 pesos.
El órgano fiscalizador también le atribuye a esta dependencia el mal uso de recursos de los programas sociales, pues señala que incurrió en “subsidios otorgados a beneficiarios que incumplen con documentos y/o requisitos establecidos en las Reglas de Operación del Programa Emergente”.
También le achaca haber entregado “información presuntamente falsa y alterada” en un proceso licitatorio”, entre otras irregularidades detectadas.
La revisión de la Cuenta Pública 2020 fue la que más observaciones generó por parte de la ASCH hacia el Poder Ejecutivo estatal, con 194.
En las conclusiones, el órgano fiscalizador señala que fue recurrente el uso de información falsa en procedimientos de contratación pública, así como las irregularidades en licitaciones, desde la etapa de la investigación de mercado, en agravio del principio de imparcialidad.
