Familias desplazadas de Ciudad Cooperativa Cruz Azul pidieron al gobierno federal y al estatal intervenir para frenar la ola de violencia desencadenada por una célula delictiva que presuntamente responde a las órdenes de Federico Sarabia Pozo, personaje cercano al depuesto presidente de la cooperativa, Guillermo “Billy” Álvarez.
En conferencia de prensa, los afectados informaron que hasta el momento han sido baleadas, vandalizadas y desalojadas un total de 32 casas, las cuales les fueron asignadas en comodato como parte de sus prestaciones laborales, además de que han sufrido agresiones, robos, daños en sus vehículos y amenazas de muerte para ellos y sus familiares a través de las redes sociales.
Los afectados aclararon que su demanda es ajena a la pugna por el control de la Planta Hidalgo de la Cooperativa La Cruz Azul, que hoy mantiene en su poder el grupo de Sarabia Pozo a través de incondicionales.
“Ya no es un asunto entre particulares”, manifestaron. Además, dijeron que su pronunciamiento tampoco tiene que ver con el tema laboral, pues los delitos cometidos en su contra han trascendido al tejido social.
Junto con Sarabia, señalaron a Germán Díaz Pérez de estar al frente del grupo delictivo que prácticamente mantiene en estado de sitio a Ciudad Cooperativa, pues por las noches cierra los puentes y coloca pipas en los principales accesos con el apoyo del alcalde de Tula, Manuel Hernández Badillo.
También acusaron a los agentes del Ministerio Público de burlarse de ellos cuando acuden a interponer alguna denuncia por robo o daños a la propiedad, o en el mejor de los casos iniciar la carpeta de investigación, pero darle “carpetazo”.
Un grupo de mujeres desplazadas de Ciudad Cooperativa también acudió al Instituto Hidalguense de las Mujeres (IHM), pero hasta el momento la titular Bertha Miranda Rodríguez no les ha dado respuesta, mientras que la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), Ana Karen Parra Bonilla, les informó que el organismo no puede intervenir por tratarse de un asunto entre particulares.
Norma Reyes, una de las víctimas, dijo temer por su vida debido a las relaciones de poder de Germán Díaz Pérez. “Estamos hartos de lo que nos han hecho, pero estamos más hartos de tener miedo”, manifestó.
“Queremos que se haga justicia, porque ya no se puede vivir así”, dijo otra de las afectadas.
JVR
