Por intento de persuasión en la resolución de dos casos, el magistrado Carlos Iván Arenas Ángeles, presentó una denuncia en contra del magistrado presidente, Luis Jorge Gamboa Olea, ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Morelos.
De acuerdo con el también director de la Escuela Judicial de Morelos, el titular del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos le solicitó modificar su voto primero, en un caso penal al que denominó “asunto Huitzilac”, y el segundo, un tema en el que están denunciados servidores públicos.
Añadió que sobre ninguno de los casos haría revelaciones públicas ya que están en curso, sin embargo, hay constancia de éstos en la carpeta recientemente iniciada y en integración.
No obstante, subrayó que en el "asunto Huitzilac", Gamboa Olea lo llamó a su oficina para insistirle que era un tema abordado en la Mesa de Construcción para la Paz y Seguridad en el que el titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, José Antonio Ortiz Guarneros, le pidió apoyo por ser “un tema complicado”.
"No puedo dar detalles (de los casos), porque el ejercicio de la función jurisdiccional me obliga a la alta responsabilidad de no revelar datos, pero sí de poder hacer público que fui persuadido por el magistrado (Gamboa Olea) para cambiar el sentido de mi voto", reveló en entrevista.
“Y en el otro asunto, en el que están denunciados servidores públicos (...) ahí también el magistrado presidente me pidió apoyarlo para que cambiara mi criterio respecto a lo que se fuera a resolver”.
El magistrado Arenas Ángeles lamentó que tras decidir no cambiar su criterio en ninguno de los casos solicitados, les fue retirada a él y a su familia la custodia con que contaban desde 2019, a partir de una denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR) a raíz de un caso delicado del que formó parte.
Recalcó, sin embargo, que pese a lo que enfrenta no se siente intimidado ni afectado en su capacidad profesional, por el contrario, se dijo fortalecido porque como juzgador lo más importante son todos los asuntos que corresponde resolver.
Primordialmente, dijo, en los que esté involucrada la integridad y la dignidad de las personas.
“Todos los juzgadores nos debemos de mantener firmes y no doblar la vara de la justicia. Sin justicia nunca va a haber paz social en este país”, puntualizó el magistrado.
Al tiempo que hizo un llamado a juzgadores y actores políticos de todos los Poderes del Estado para que respeten la autonomía y la independencia del Poder Judicial.
“Que nunca más un Presidente de un Tribunal, ningún actor externo al Poder Judicial de cualquier entidad y de este país, debe de influir en las decisiones que como juzgadores nos fueron encomendadas por la Constitución y por las leyes, nos debemos a la Constitución (...) que nadie doblegue a un juez”.
Con Gamboa Olea, ni verdad ni justicia
Lo anterior pone en tela juicio no sólo la ética del titular del Tribunal de Morelos sino la veracidad de las resoluciones en cada juicio desde que tomó esa responsabilidad, pues en más de una ocasión ha quedado evidenciado el abuso de poder para sus intereses personales y de grupo.
Por el contrario de priorizar a las víctimas, a quienes lo último que les ofrece es aquello que juramentó cumplir: la justicia.
La semana pasada, Erika Sosa, hermana de Noemí Guadalupe “N”, una de las víctimas del secuestro, feminicidio y doble homicidio cometidos en Fierro del Toro, Huitzilac, exigió justicia al Juez que presida la audiencia en la que debe resolverse la no vinculación a proceso de Luis Alberto Ibarra Ramírez, alias "El Diablo".
Dicha audiencia ha sido pospuesta ya dos veces, y se presume que aunque no se ha efectuado, la resolución beneficiará a “El Diablo”.
“Que haya justicia, tanto para mi hermana como para Luis Enrique y Luis Javier (...) hasta donde yo sé, él es un delincuente y no es posible que den esa resolución (la no vinculación)”, expresó Sosa.
En abril, la Jueza de Control de Primera Instancia, Alejandra Trejo Resendiz, dejó en libertad a Ibarra Ramírez, quien además forma parte de “Los Netos”, una de las principales células generadoras de violencia en Huitzilac, de la cual el líder es su primo Ernesto Ibarra Torres, feminicida detenido y vinculado a proceso el 1° de julio.
Sin embargo, por actos poco claros por parte del Poder Judicial, a “El Diablo” se le ha tratado más como víctima que como delincuente, no obstante, las pruebas que pesan en su contra presentadas por la Fiscalía General del Estado.
El pasado 16 de abril fue trasladado al Hospital G. Parres para su atención médica, luego de resultar con lesiones por golpes y arma de fuego en una gasolinera del poblado de Tres Marías durante un enfrentamiento, causa por la cual rindió declaración ante personal de la Fiscalía de Morelos.
Ese mismo día, en la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio se recibió una denuncia anónima que lo relacionó con el feminicidio y doble homicidio, de ahí que se solicitó un cateo en dos domicilios con los que “El Diablo” estaría vinculado.
El 19 abril, el Juez Natanael Subdias Aguilar concedió los permisos de cateo que fueron efectuados la madrugada del día siguiente y debido a las pruebas halladas se solicitó orden de aprehensión en su contra que fue ejecutada el 21 de ese mes.
Tres días más tarde, el 24 de abril, apareció una manta en la entrada principal de la iglesia del poblado de Huitzilac, en la que hicieron señalamientos al gobernador Cuauhtémoc Blanco y a Gamboa Olea.
Al primero acusándolo de dar contratos “a sus amigos” de Guerrero y al segundo, de dejar en libertad a todos delincuentes de la Familia Michoacana. El mismo día, una mujer que dijo ser hermana de Ibarra Ramírez acudió a la Comisión de Derechos Humanos de la entidad.
En la audiencia de vinculación a proceso del día 25 la Jueza Trejo Resendiz dejó en libertad a “El Diablo”, sin embargo, su hermana volvió a contactar a la CDH para reportar su desaparición.
Por su parte, la Fiscalía de Morelos presentó el día 27 una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en contra de la Jueza Trejo Reséndiz. En paralelo, la CDH inició una investigación, por tortura cometida por personal del Centro de Readaptación Social de Atlacholoaya contra Ibarra Ramírez.
El mismo día, el presunto delincuente subió a redes sociales un video con calidad profesional en el cual lanzó acusaciones en contra de la Fiscalía General de Morelos, hazaña que repitió el 4 mayo. Cinco días más tarde, el 9 de mayo, fue otorgada una suspensión temporal a favor de Luis Alberto Ibarra Ramírez.
La Queja de la CDHM contra el titular del Poder Judicial
Por presuntos actos de acoso laboral en agravio de tres mujeres, la Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHM) los primeros días de julio inició una queja en contra de Luis Jorge Gamboa Olea.
Hechos que al día siguiente en conferencia de prensa fueron rechazados por el presidente magistrado y por el contrario se dijo víctima de una campaña política derivada de resoluciones emitidas por jueces que le son adversas a la Fiscalía General de Morelos.
Al tiempo que acusó al organismo de Derechos Humanos de vulnerar la autonomía del Poder Judicial, tras solicitarle un informe de los hechos por los que se le acusa.
Además, de acuerdo con el Ombudsperson Raúl Israel Hernández Cruz, éste no es el primer caso en el que Gamboa Olea está involucrado, ya que existen dos quejas a petición de parte en su contra de personas que laboran en medios de comunicación.
“Tenemos dos integraciones en donde compañeros y compañeras del gremio periodístico señalan actos de amenaza, de intimidación en ejercicio de su labor comunicadora”, relató el Comisionado de Derechos Humanos.
DAN
