En México, en promedio cada diputado estatal cuesta 13 millones 630 mil pesos al año, de acuerdo con el Informe Legislativo 2023 realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
Un ejercicio comparativo realizado por La Razón, a partir de los datos del estudio del Imco, permitió descubrir que los integrantes de los 32 congresos estatales de nuestro país son los más caros de América Latina.
La cifra de 13 millones 630 mil pesos por diputado representa 2.9 veces más que lo que cuesta un legislador federal en el Congreso de Brasil, el país con el mayor PIB de América Latina, en donde cada diputado cuesta el equivalente a cuatro millones 616 mil 752.4 pesos mexicanos.
Los integrantes de los congresos estatales de nuestro país también cuestan más que los congresistas de Chile, ya que ese país gasta en cada uno de ellos el equivalente a 11 millones 980 mil pesos mexicanos cada año.
Y al hacer la comparación con países subdesarrollados, la diferencia es abismal, pues cada diputado local mexicano cuesta 16.6 veces más que lo que se eroga en cada integrante de la Asamblea Legislativa de El Salvador, que es el equivalente a 817 mil 784.6 pesos mexicanos.
De igual forma, el costo anual de cada diputado local de nuestro país es 18.7 veces más de lo que Colombia gasta en cada uno de sus legisladores, que es el equivalente a 727 mil 179.1 pesos mexicanos.
En su estudio, el Imco destaca que hay una gran disparidad entre el presupuesto que ejercen los congresos estatales y lo que se destina a los órganos fiscalizadores, al grado de que en sólo tres de los 32 congresos hay un equilibrio.
El informe señala que para este 2023 los 32 congresos estatales ejercerán un presupuesto global de 21 mil 196.5 millones de pesos, de los cuales, 74 por ciento será para operación de las cámaras de diputados y 26 por ciento para los órganos autónomos de fiscalización.
El Imco señala en el documento que en San Luis Potosí la distribución del presupuesto es 50.8 por ciento para el congreso y 49.2 para la Auditoría Superior estatal; en Coahuila, la relación es 51.2-48.8 por ciento, mientras que en Puebla 51.9 por ciento es para los diputados y 48.1 por ciento para el órgano fiscalizador.
Por el contrario, en Durango y Morelos las auditorías superiores correspondientes sólo reciben siete y nueve centavos de cada peso gastado por el Poder Legislativo, respectivamente.
Al respecto, el Imco señala: “Sin poderes legislativos activos y comprometidos en su función de supervisión, existe el riesgo de falta de control y equilibrio sobre los otros poderes públicos, lo que puede dar como resultado abusos de poder, corrupción e impunidad, pues no habría una instancia efectiva para exhibir, discutir y cuestionar las acciones de los funcionarios públicos”.
En el estudio, difundido en su página web, el Instituto sugiere “crear apartados en las páginas de los congresos locales en donde se pueda consultar toda la información relativa a la función de control presupuestario”.