La organización México Evalúa puso en entredicho la eficacia y la autonomía de las fiscalías estatales, debido a la falta de homologación en los métodos de selección, lo que en muchos casos lleva a que el fiscal sea nombrado “en negociaciones tras bambalinas”.
En el estudio “Lineamientos para la designación de Fiscales Generales”, la organización social precisó que en las constituciones estatales hay cuatro métodos distintos para nombrar al fiscal y ninguno de ellos se apega a los estándares internacionales.
“Para que un procedimiento de designación sea adecuado es necesario que cumpla con al menos cuatro estándares internacionales: objetividad, imparcialidad, transparencia y no discriminación” señala la publicación.
Sin embargo, dice, la Constitución federal y las locales suelen establecer estándares bajos en lo que concierne a los requisitos que deben cumplir las personas seleccionadas para el cargo de fiscal general.
El estudio señala que sólo en tres de las 32 entidades federativas —Ciudad de México, Sinaloa y Nuevo León— se contempla la participación ciudadana mediante organismos colegiados en el nombramiento del fiscal.
Y en sólo ocho se establece constitucionalmente que el procedimiento se inicia con la emisión de una convocatoria pública. Es el caso de Coahuila, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa y Veracruz.
Al respecto, el experto en Seguridad, Leopoldo Rodríguez Aranda, dijo a La Razón que “el nuevo modelo de designación de fiscales, independientemente de sus variantes, francamente ha sido un fracaso”.
Mencionó que las diferentes formas de elegir al fiscal general de la República y en especial a los de los estados no garantizan ni la eficacia ni la autonomía.
Y puso un ejemplo: “Tenemos casos como el de Zacatecas, donde el actual fiscal no ha sido removido; ya estuvo todo el sexenio previo y lo que va del reciente con Monreal y todavía le faltan dos años. Y la pregunta sería cuál ha sido el papel de la Fiscalía Estatal de Zacatecas en el enorme problema de la crisis de violencia que vive ese estado desde hace mucho tiempo; francamente, reprueba”.
El especialista sentenció: “El problema principal de nuestro sistema de justicia penal no son las policías, no son las prisiones, son las fiscalías, ahí es donde inicia y termina el gran problema de la seguridad en este país”.
Rodríguez Aranda agregó que “el problema de fondo no radica en cómo los elegimos, sino en el marco de actuación en el que llevan a cabo sus funciones”, pues el esquema jurídico no garantiza la eficacia en sus funciones.
