Colectivos de Zacatecas denunciaron que el gobierno estatal decidió suspender los trabajos de la Segunda Brigada Nacional de Búsqueda en Vida en la entidad, la cual debería realizarse entre el 1 y el 15 de noviembre de este año.
En un comunicado, la Unión de Colectivos de Búsqueda de Personas del Estado de Zacatecas reprochó que el gobierno encabezado por David Monreal Ávila continúa con su actitud de obstaculizar la búsqueda de desaparecidos.
Este comportamiento de las autoridades estatales se da a pesar de que en lo que va del actual gobierno se ha registrado un incremento del 51.2 por ciento en la desaparición de personas, con relación al mismo periodo inmediato anterior.
En los dos años transcurridos de la gestión de Monreal —con corte al 17 de octubre— han desaparecido sin ser localizadas mil 311 personas en Zacatecas, mientras que en los 24 meses anteriores la cifra fue de 867.
Las estadísticas correspondientes a la gestión de Monreal implican que durante el actual gobierno se han ausentado casi dos personas al día en promedio.
Los municipios que concentran la mayor cantidad de personas desaparecidas son Fresnillo, Guadalupe, Zacatecas, Jerez y Ojocaliente, en ese orden.
En su comunicado, los colectivos expresaron: “A pesar de llevar más de tres meses de reuniones con instancias como la Comisión Estatal de Búsqueda y otros organismos gubernamentales, a la fecha lo que hemos recibido son largas y largas que nos han impedido planificar la brigada bajo las condiciones mínimas que exigimos las familias”.
En el pronunciamiento, el conglomerado de colectivos exigió a las autoridades estatales dar “una respuesta clara, efectiva, y eficaz” a sus demandas, para continuar con la búsqueda de las personas que están ausentes.
También denunciaron que ante su insistencia de buscar en zonas en donde existen indicios de la presencia de cuerpos, las autoridades repetidamente intentan disuadirlos, con el argumento de que no hay condiciones de seguridad.
“Ello va en contravía de los mensajes que a diario envían las autoridades diciendo que la seguridad en el estado está garantizada”, señalaron.
Como prueba del desinterés institucional en el fenómeno, los colectivos señalaron que aún se carece de un itinerario consensuado para el rastreo y no se tienen garantizadas las condiciones para el hospedaje de las activistas que tendrán que desplazarse de sus lugares de origen.
