Este miércoles, integrantes de la Asociación de Ministerios Públicos de Morelos demandaron al Congreso local la aplicación de una auditoría a la Fiscalía General del Estado (FGE), por el supuesto incremento de la nómina para contratar a familiares y allegados de los legisladores del G-15 y el presunto desvío de recursos, por no pagar sus salarios a los trabajadores de la Fiscalía Anticorrupción.
Omar Alexandro López Ortiz, presidente de la organización citada, entregó a la Mesa Directiva del Legislativo un escrito en el que solicita que se revisen las finanzas de la Fiscalía General, aunque reconoce que hay conflicto de interés, pues los beneficiarios de los presuntos desvíos son varios diputados.
Ante los medios, López Ortiz dijo: “Los diputados tienen que tener voluntad para ordenar esta revisión financiera, porque de lo contrario incurrirán en omisión… sin duda, el día de mañana van a ser sujetos a una investigación, que no se les olvide, señores diputados, que termina su periodo el próximo año”.
También denunció que los legisladores cuentan con escoltas asignados por la Fiscalía y adelantó que, si no hay una respuesta por parte del Congreso del estado, serán presentadas denuncias penales contra los omisos.
Por otro lado, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos dio vista a la CNDH de un allanamiento en sus instalaciones el pasado lunes, por parte de elementos de la Fiscalía Anticorrupción y la Policía Estatal, con apoyo de efectivos de la Armada.
El organismo afirmó que hubo abusos por parte de los servidores públicos que irrumpieron en el inmueble.
