Morelos ocupa el último lugar entre las 32 entidades federativas en cuanto al acceso a la justicia por las vías institucionales, de acuerdo con un estudio elaborado por la organización social México Evalúa.
En el análisis, el estado gobernado por el morenista Cuauhtémoc Blanco obtuvo una calificación de 346.5, al valorar diversos factores, en un rubro en el que la organización considera que el estándar ideal es de 1,400.
Al realizar la medición, con base en encuestas del Inegi, estudios propios de especialistas de México Evalúa e información solicitada vía transparencia, Morelos quedó muy lejos del primer lugar, que fue el estado de Querétaro, con 1,205.8 puntos.
Los resultados arrojaron deficiencias en estructura y personal en las áreas de procuración e impartición de justicia de Morelos, al grado de que, en el 2022, a cada defensor de oficio le fueron asignados 58 casos en promedio, varios de ellos al mismo tiempo.
Además, cada agente del Ministerio Público tuvo a su cargo la integración y seguimiento de 203.3 carpetas de investigación en promedio por diversos delitos y cada juez tuvo a su cargo 36 casos en promedio, varios al mismo tiempo.
En estas condiciones, en la entidad se vive una gran polémica por el desaseo que, de acuerdo con abogados, legisladores y organizaciones sociales, se lleva a cabo la elección de los nuevos integrantes del Tribunal Superior de Justicia.
La organización civil Morelos Rinde Cuentas dio a conocer a través de sus redes sociales un estudio de los perfiles de los 148 aspirantes a una magistratura.
La organización descubrió que dos de los prospectos ni siquiera tienen cédula profesional, 25 tienen claros vínculos con partidos políticos, dos son de plano exdirigentes de institutos políticos locales, uno fue senador y 47 presentan posible conflicto de interés, por tener cercanía o parientes dentro del TSJEM o en el Gobierno estatal.
Asimismo, integrantes de colegios de abogados y de asociaciones de exagentes y agentes del Ministerio Público exigieron al Congreso que actúe “con transparencia” en la selección de los nuevos integrantes del Poder Judicial, pues aseguraron que “hay grupos políticos” que intentan meterse en él.
De acuerdo con el estudio elaborado por México Evalúa, en el 2022 Morelos presentó un índice de impunidad de 97.5 por ciento, lo que significa que sólo 2.5 de cada 100 delitos denunciados generan sentencias condenatorias.
