El 24 de septiembre del año que termina, siete jóvenes fueron levantados en la comunidad La Soledad del municipio de Malpaso, en Zacatecas, lo que causó una gran preocupación entre la sociedad del estado gobernado por el morenista David Monreal Ávila.
La angustia se convirtió en conmoción e indignación cuando, dos días después, aparecieron los cadáveres de seis de las víctimas, y la séptima con vida.
El reporte de la desaparición de los jóvenes, quienes habían acudido a una fiesta, desató un operativo de rastreo en el que participaron elementos del Ejército, de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal de Zacatecas.
Desde el día siguiente a la desaparición, familiares y vecinos de las víctimas realizaron manifestaciones y bloquearon la carretera federal 45, a la altura de la caseta de cobro de Malpaso, para exigir la aparición con vida de los muchachos.
El entonces fiscal general de Justicia de Zacatecas, Francisco Murillo Ruiseco, se reunió con los padres de los jóvenes, pero éstos no quedaron satisfechos con la información que les dio, pues no presentó avances.
“No nos sirvió de nada la reunión con el fiscal, sólo nos dijo que se estaba trabajando y que se están haciendo muchos despliegues, pero recibimos puras malas noticias”, dijo René Ocón, padre de un menor de 14 años, el 26 de septiembre por la mañana.
Horas más tarde, colectivos de búsqueda de personas empezaron a compartir información sobre el hallazgo de seis de los jóvenes sin vida, algo que ni el gobierno ni la Fiscalía de Zacatecas querían confirmar.
Pronto, las autoridades quedaron rebasadas por la ola de información que circuló en las redes sociales y en medios digitales, en donde ya todo mundo daba por hecho que seis de los jóvenes secuestrados dos días antes habían si-do asesinados.
Entonces se generó una nueva ola de indignación que ahora alcanzó al Congreso local, el cual, en un pronunciamiento institucional, pidió a la Fiscalía estatal que “esclarezca este atroz acontecimiento”, y en la sesión se guardó un minuto de silencio.
Sobre el tema hubo muestras de condena y de exigencia de justicia de personajes de la vida política nacional, como la aspirante de la oposición a la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez, así como diputados federales, senadores y organizaciones sociales como la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
El titular de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas, Francisco Murillo Ruiseco, informó que la noche del 25 de septiembre fueron detenidas dos personas originarias de Durango, presuntamente involucradas en la privación ilegal de la libertad de los siete jóvenes, pero ese dato es lo único que se sabe hasta el momento, pues ninguna autoridad ha dado a conocer avances de la investigación.
El 27 de octubre Murillo Ruiseco renunció al cargo de fiscal sin esclarecer ni éste ni otros casos de violencia extrema en Zacatecas.