El 20 de septiembre de 2019, la Fiscalía del Estado logró la vinculación a proceso por los delitos de desvío y aprovechamiento ilícito de funciones, así como de fraude genérico, en contra de tres ex funcionarios del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, entre los que destaca Julio César Covarrubias Mendoza, diputado local con licencia y candidato a Regidor en Guadalajara, personaje muy cercano a Laura Haro, candidata a gobernadora en Jalisco.
El modus operandi de dichos funcionarios se basaba en la alteración del sistema interno del Instituto, en el cual se manipulaba el tiempo de cotización de empleados para emitir créditos por encima de las reglas de operación de los mismos y la recolección indebida una vez otorgado. El cheque materia del préstamo era recolectado por una persona distinta que acreditaba su presunta personalidad con documentación falsa.
Las personas que recibían el cheque eran trasladadas al banco por uno de los funcionarios denunciados quien, al salir de la sucursal bancaria, les solicitaba la entrega del dinero en efectivo.
El 16 de diciembre de 2014 se autorizó indebidamente por los entonces Director de Prestaciones y Jefe de Gestión de Préstamos el trámite de préstamo a mediano plazo por el monto de $351,156.99 por concepto de la compra de un vehículo inexistente a favor de un derechohabiente de Pensiones.
No existió documento original de factura para garantizar el pago de dicho préstamo en caso de incumplimiento; y el vehículo descrito en la supuesta factura corresponde a un trámite distinto realizado por el afiliado. En la documentación presentada no se cubría con la documentación necesaria para gestionar el crédito y el derechohabiente reconoce que la firma plasmada es falsa.
Según se desprende de la investigación, Julio César Covarrubias Mendoza era el encargado de alterar el sistema de informática, trasladar a la persona con el cheque emitido al banco y recolectar el recurso producto del mismo una vez que se cobraba.
En el caso específico de Covarrubias Mendoza, apeló la resolución del juez de control y en 2022, los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado decretaron la no vinculación a proceso, hecho que fue controvertido por la Fiscalía del Estado mediante el amparo, mismo que fue ganado por la Fiscalía.
Con la finalidad de buscar una solución anticipada al proceso legal, el pasado 17 de febrero de 2023, Covarrubias Mendoza realizó el pago de $175,578 por concepto de reparación del daño.
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