El Congreso de Morelos ocupa el segundo peor lugar en trabajo legislativo a nivel nacional, pero sus legisladores aprobaron modificaciones a la Ley del Servicio Civil para obtener “pensiones doradas”, por lo que sus años como legisladores podrán ser contados para obtener acceder a este beneficio.
De acuerdo con el Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales (CNPLE) 2023 publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Congreso de Morelos sólo presentó 111 iniciativas durante los casi tres años de labor en ese recinto, lo que lo colocó en el lugar 31 a nivel nacional.
El Censo comprende información recabada de 2022 a 2023, de acuerdo con el documento, en el que se da a conocer que en las entidades federativas que se tienen congresos locales se contabilizaron 28 mil 183 iniciativas.
Jalisco y Veracruz son los dos estados con más alto índice de propuestas atendidas por los legisladores.
El pasado lunes los diputados aprobaron una reforma a la Ley de Servicio Civil para que les cuenten sus años como diputados y así aspirar a una pensión.
Con las modificaciones aprobadas, los legisladores lograron que sean considerados “trabajadores” cuando anteriormente eran catalogados como “patrones”.
Con este cambio podrán sumar los años ejercidos como diputados locales para jubilarse y alcanzar una pensión. Algunos diputados ya han ocupado el cargo en varias ocasiones.
De acuerdo con el artículo 59 BIS, podrán sumar los años prestados durante “un cargo de elección popular, o designación de magistrado de cualquier tribunal que integre el Estado o integrante del órgano superior de los organismos constitucionales autónomos”.
El decreto fue remitido al Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial Tierra y Libertad.
No sólo los diputados podrán beneficiarse de esto, pues también alcanzaría a los titulares de organismos autónomos, como la Fiscalía General del Estado, Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Comisión de Derechos Humanos Morelos, Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, entre otros.
El diputado de Movimiento Ciudadano, Julio César Solís Serrano, presentó la iniciativa que se aprobó con 14 votos a favor y una abstención.
El presidente del Consejo de Abogados de Morelos, Felipe Balcázar Carmona, dijo a La Razón que la reforma avalada rompe con los principios del artículo 123 constitucional.
“Es una reforma que contraviene algunos principios de orden constitucional, es muy claro el tema de la integración del Poder Legislativo que viene de un proceso de elección está regulado por una ley especial, que es la Ley de Procedimiento e Instituciones Electorales y que regula exactamente cómo se elige a una persona que va a ser diputado.
“El artículo 123 sí define quiénes son los servidores públicos contratados: son aquellos que tienen una subordinación, los diputados no están subordinados a nadie, por tanto, no pueden ser considerados empleados o trabajadores”, precisó Solís Serrano.
El legista mencionó que los titulares de los órganos autónomos o descentralizados que fueron nombrados por el Congreso o por la Junta de Gobierno no tiene carácter de empleados.
Asimismo, indicó que el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo puede impugnar dicha reforma ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al igual que la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Solís Serrano dijo que en este momento no se puede determinar si los diputados cometieron alguna falta al realizar esta reforma y que todo va a depender de cómo se pronuncie en su momento el Poder Judicial Federal al analizar esta reforma, el cual también tendrá que analizar el proceso legislativo y los efectos jurídicos.
“Nadie puede estar por encima de la Constitución, eso lo dice el artículo 136 de la Constitución, ninguna autoridad.
“Si esta reforma supera principios constitucionales, pues será una reforma institucional, ya la ilegalidad y la posibilidad de una sanción administrativa o penal depende de lo que diga la Suprema Corte de Justicia”, comentó el abogado.
El director del Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas, Roberto Salinas Ramírez, expuso que la reforma recién aprobada empeora el problema en la entidad de fraudes en las jubilaciones.
“Hay fraudes en las jubilaciones, es decir, hay gente que se está jubilando que no cumple los años de servicio, pero que están tramitando documentos falsos o les están expidiendo de algunos municipios años de antigüedad, que les ayuda a juntar los años para poderse jubilar.
“Eso genera un gasto al erario público por todas esas pensiones que hoy en día hay gente de 40 años que se está pensionado con 20-40 mil pesos y que todavía tiene una larga vida que va a estar disfrutando de una pensión que no merece”, mencionó.
