La Auditoria Superior de la Federación (ASF) detectó que el Gobierno de Sonora provocó un posible daño a la Hacienda Pública Federal por 11 millones 982 mil 300 pesos, mismos que estaban destinados al rubro de la educación.
De acuerdo con los anexos del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2023, el monto señalado forma parte de una partida de recursos federales que le fue entregada a la administración sonorense encabezada por el morenista Alfonso Durazo, como parte del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos.
El total de recursos por los que hay un posible daño al erario federal equivale a 2.3 veces el monto destinado para este 2024 al Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, que fue de cinco millones 165 mil 451 pesos.
“En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incumplió la normativa, principalmente en materia de servicios personales y destino de los recursos, así como de la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 11,982.2 miles de pesos”, precisa el reporte de la ASF.
Más de la mitad de ese monto, seis millones 465 mil 900 pesos, fueron utilizados, según el órgano fiscalizador, en pagos a personal que no cumplió con el perfil que se requería para el puesto que desempeñaba.
En 2023, el Gobierno de Sonora recibió recursos federales por 388 millones 410 mil 300 pesos, de los cuales comprobó 369 millones 115 mil 300 pesos y dejó pendientes de comprobación 19 millones 294 mil 900 pesos.
Respecto a la última cantidad, la ASF determinó la presunción de un daño al erario por 11 millones 982 mil 300 pesos, mientras que el resto, correspondiente a 7 millones 312 mil 600 pesos, todavía está pendiente de ser aclarado.
El órgano fiscalizador detectó que el Gobierno de Sonora no presentó documentación comprobatoria de un remanente por un total de un millón 94 mil 100 pesos.
Asimismo, le falta por aclarar tres millones de pesos relacionados con el concepto de rendimientos financieros no reintegrados a la Tesorería de la Federación.
El informe señala que “en atención a los hallazgos determinados, la entidad fiscalizada remitió los oficios números DGAA-610/2024 y DGAA-613/2024 del 31 de mayo de 2024, mediante los cuales se presentó información con el propósito de atender lo observado.
Pero aclara que derivado del análisis efectuado por la unidad auditora a la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, “se advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado”.
Al respecto, la responsable de la Dirección Política de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Sonora, Mercedes Flores Félix, dijo a La Razón que la Secretaría de Educación y Cultura de la entidad se ha caracterizado por el manejo “opaco” de los recursos públicos que recibe.
Mencionó que es muy recurrente la práctica de que las autoridades hacen descuentos de recursos en su nómina a los profesores o empleados administrativos por supuestas deducciones del ISSSTE o del Fovissste, pero no reportan esos pagos a quien corresponde y los afectados tardan mucho tiempo en darse cuenta.
La dirigente indicó que debido a estas prácticas, “los compañeros se quedan con una deuda, se quedan con intereses, y para cuando se dan cuenta, esto ya los llevó muy lejos, y todo, por los malos manejos que la secretaría hace de los recursos del magisterio”.
Flores Félix precisó que esta situación irregular se empezó a presentar en el 2019, a raíz de la reinstalación de los maestros que fueron cesados durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, pero en el caso de Sonora se ha extendido en lo que va de la administración estatal, encabezada por Alfonso Durazo.
Mercedes Flores añadió que la Secretaría de Educación y Cultura se queda con los recursos que le son retenidos a los trabajadores del sector, por lo que no parece extraño que también haga un mal manejo de las participaciones federales, como lo estableció la ASF.
