Víctor de Jesús Hernández, fiscal general de Querétaro, afirmó que, contra lo que se ha especulado, una menor de edad supuestamente acusada de abortar tras sufrir una agresión sexual nunca ha estado en prisión y actualmente se encuentra bajo arraigo domiciliario.
“Debemos recordar que, conforme a la legislación nacional, los menores no pueden estar en prisión, sino sujetos a un internamiento en un espacio distinto. Sin embargo, ésa no ha sido la medida a la cual se ha encontrado sujeta la persona”, dijo el funcionario, en conferencia de prensa.
Aclaró que, de acuerdo con los datos disponibles, la menor de 14 años no abortó, sino que dio a luz en el 2023 y posteriormente el bebé fue privado de la vida.
Aseguró que, desde su gestión, la Fiscalía de justicia de Querétaro jamás ha instruido la investigación o conducción de carpetas por el delito de aborto, pues no existen elementos para configurar ese ilícito en este caso.
“La investigación avanzó hacia la integración de una carpeta por homicidio, en la cual se notificó que no había elementos para el delito de aborto, y eso fue lo que se presentó ante el juez”, precisó.
Aclaró que la decisión final quedará en manos de un juez competente, quien determinará la resolución conforme a la ley, y rechazó que la institución a su cargo promueva la reparación del daño en favor del agresor de la adolescente.
Agregó que sería “absurdo que la Fiscalía, cuya función principal es la investigación y persecución de los delitos, estuviese solicitando la reparación del daño en favor de un delincuente”.
El fiscal pidió que se cuiden los datos personales de la menor, para no incurrir en una revictimización.
