La Auditoría Superior de la Federación reveló que el Gobierno de Colima tiene pendiente por aclarar el ejercicio de 159 millones 729 mil 610 pesos, correspondientes a dos fondos relacionados con el rubro de seguridad, que le fueron entregados por la Federación en el 2023.
Colima es una de las entidades federativas del país con mayores problemas de violencia. Precisamente en el 2023 alcanzó el primer lugar nacional en tasa de homicidio doloso, el cual conserva, y obtuvo la más baja puntuación en el Índice de Paz México, con 4.7.
El estado gobernado por la morenista Indira Vizcaíno cerró el 2023 con alza en cuatro delitos de alto impacto: homicidio, feminicidio, narcomenudeo y corrupción de menores.
A lo largo del año pasado se registraron 790 asesinatos en Colima, contra 738 del 2022, lo que representa un repunte de 7 por ciento entre un año y otro.
Además, el narcomenudeo creció 24 por ciento, toda vez que, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), las carpetas de investigación pasaron de mil 965 a dos mil 443 entre los periodos estudiados.
El delito de corrupción de menores aumentó 21 por ciento, ya que en 2022 se reportaron 28 casos, mientras que para el 2023 la cifra creció a 34. Y el feminicidio repuntó 11 por ciento, al pasar de 18 a 20 el número de víctimas.
Pese a esta crisis de violencia que se presentó el año pasado en Colima, la administración estatal no comprobó el ejercicio de 141 millones 446 mil 210 pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, y de 18 millones 283 mil 400 pesos correspondientes al Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública, lo que conforma un hoyo financiero de 159 millones 729 mil 610 pesos.
En la segunda entrega del Informe de Fiscalización a la Cuenta Pública 2023, la ASF señaló que, según la auditoría 2023-A-06000-21-0836-2024, el Gobierno de Colima no ha presentado documentación justificativa ni comprobatoria del gasto de 112 millones 544 mil 500 pesos en los rubros Prestación de servicio de mantenimiento preventivo y Arrendamiento de vehículos.
Además, respecto a otros 25 millones 274 mil 300 pesos, falta evidencia documental que acredite la entrega-recepción de los bienes adquiridos con el objeto Adquisición de equipo de cómputo y tecnologías de la información, aparatos audiovisuales y maquinaria.
Tampoco se tiene documentación comprobatoria que acredite la prestación de los servicios relacionados con el rubro Adquisición de Licencia para el Subprograma de bases de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por un monto de un millón 484 mil 800 pesos.
El órgano fiscalizador también detectó que no se justificó la erogación de 720 mil 500 pesos con cargo al fondo federal de referencia, pues no hay documentos que acrediten cómo fueron ejercidos esos recursos.
Asimismo, el órgano autónomo identificó compras con sobrecostos por 259 mil 400 pesos respecto de los bienes denominados Distanciómetro láser y Escáner para lectura de computadoras vehiculares.
Y apuntó que se desconoce el destino de 238 mil 900 pesos derivados de la aplicación de penas convencionales por demoras en la entrega de los bienes.
En cuanto al Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública, la ASF encontró que hay un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 18 millones 283 mil 400 pesos, que representan cerca del 90 por ciento del total entregado por la Federación.
El órgano fiscalizador señaló que el estado de Colima infringió el Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del fondo citado para el ejercicio fiscal 2023, que celebró con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En general, el reporte de la ASF habla de irregularidades como gastos sin justificación documental, compras sin apego a la normatividad o con sobreprecio, demora en la entrega de bienes o servicios adquiridos y otras.
Y concluye que “el Gobierno del Estado de Colima no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, apegada a la normativa que regula su ejercicio, y no se cumplieron sus objetivos y metas”.
Apenas el pasado miércoles se registró un crimen de alto impacto en Colima, al ser asesinada la periodista de espectáculos Patricia Ramírez González, mejor conocida como Paty Bunbury, en un negocio de alimentos del que era propietaria.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 14:00 horas en el interior del establecimiento ubicado en la esquina de las calles Gabino Barreda y Valentín Gómez Farías de la colonia La Atrevida, en la capital del estado.