El nuevo Gobierno municipal de Zacatecas, encabezado por el panista Miguel Ángel Varela Pinedo, audita la gestión de su antecesor, Jorge Miranda Castro, debido a los señalamientos públicos acerca de que, presuntamente, lidera una red de corrupción, así como por el estado que dejó la administración.
La dirigente estatal del PAN, Verónica Alamillo Ortiz, dijo a La Razón que, al momento, entre las supuestas irregularidades que él excedió dejó y han descubierto está la nómina con un costo alto para la ciudadanía.
“El presidente practica una auditoría exhaustiva muy profesional y profunda, porque lo visible se ve mal y lo que se está descubriendo, pues no huele nada bien, empezando por la nómina tan elevada que deja”, mencionó.
Inicia en Tamaulipas Programa de Vivienda para el Bienestar; se edificarán 43 mil casas
La panista explicó que debido a los procesos de impugnación que Miranda Castro presentó sobre el resultado de las elecciones del pasado 2 de junio, el proceso de transición fue apresurado, pero se contó con 45 días posteriores a la toma de posesión para hacer las revisiones correspondientes.
Alamillo Ortiz apuntó que el morenista incurrió en una violación a la ley, al comprometer el presupuesto hasta diciembre de este 2024, a sabiendas de que dejaría el cargo el 15 de septiembre. “Tú no puedes firmar algo que comprometa un periodo para el cual no fuiste electo”.
“Él comprometió el presupuesto hasta diciembre de 2024. Su gente de confianza se quedó toda y eso limita los trabajos también de la propia capital.
“Está a todas luces la fortuna de Jorge, los camiones rentados a sobrecosto, los vehículos facturados, mas no comprados; hicieron una ampliación presupuestal de 100 millones de pesos que se los acaban como en 15 días, hay obra pública que no está hecha y bueno, es una infinidad de corruptela”, mencionó. Alamillo Ortiz señaló que el morenista no esperaba perder las elecciones del pasado 2 de junio, por lo que dejó la administración en desorden.
Nuestro candidato Miguel Varela expuso y exhibió algunas de las propiedades de su contrincante, que equivalen a una fortuna, lo cual es insultante para el contribuyenteVerónica Alamillo, Lideresa del PAN en Zacatecas
El pasado 22 de mayo, el entonces coordinador del PAN en el Senado, Julen Rementería del Puerto, denunció el supuesto enriquecimiento ilícito de Miranda Castro, quien buscaba su reelección como alcalde de Zacatecas.
Rementería del Puerto precisó que, tras hacer una revisión exhaustiva en los registros públicos de la propiedad de Zacatecas y Jalisco, se identificaron 15 propiedades a nombre de Jorge Miranda; siete en la primera entidad y ocho en la segunda, algo que no hubiera podido adquirir con sus ingresos como servidor público.
Además, el panista aseguró que, al sumar las propiedades de la familia directa del morenista, como padre, esposa e hijos, tienen entre todos 48 propiedades en Zacatecas y ocho más en Jalisco, sin que ninguno de ellos tenga alguna actividad que le genere ingresos suficientes como para acumular tantos bienes.
Rementería del Puerto precisó que de las 56 viviendas detectadas, la esposa del morenista, Maribel Herrera Lomelí, tiene un inmueble a su nombre; su hijo, Jorge Humberto Miranda Herrera, cuenta con 10 propiedades; su padre, Jorge Humberto Miranda Maldonado, tiene 10 hogares, por mencionar a algunos familiares.
El ahora diputado federal del PAN indicó que se estima que durante los 22 años en que Miranda Castro como servidor público, sus ingresos fueron de 15 millones 440 mil pesos, por lo que sería imposible que con ese dinero acumulara la riqueza que hoy en día ostenta, pues las 56 propiedades ascenderían a un costo total de mil millones de pesos.
Alamillo Ortiz recordó que durante las pasadas campañas electorales, Varela Pinedo exhibió algunas de las viviendas del morenista. El PAN estimó que las propiedades de la familia Miranda tendrían un valor total de mil millones de pesos.
La líder panista señaló que corresponderá a la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas investigar las irregularidades que se han detectado en el proceso de entrega-recepción de la administración, mientras que otras instancias se encargarán, en su momento, de indagar el posible enriquecimiento ilícito del exalcalde.
