La comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos del Senado y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPl) suscribieron un convenio para establecer las bases generales de coordinación, para la implementación de la reforma constitucional sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, así como las leyes secundarias en la materia.
Lo anterior, luego de que el 30 septiembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reforma en materia de pueblos indígenas y afromexicanos, por lo cual tendrán 180 días para elaborar y presentar la ley general y la armonización del marco jurídico que corresponda.
La presidenta de la comisión legislativa, Edith López, dijo que este convenio establece el trabajo que realizarán con el INPI en la redacción de la propuesta de iniciativa sobre la ley general y la legislación secundaria en la materia, por lo que la comisión participará en un comité técnico creado por el instituto y en la consulta que éste realice.
“Es algo histórico, no se había dado, ¿cuántos años de olvido?, ¿cuántos años de discriminación y racismo?, pero hoy ya está plasmado en el artículo segundo constitucional. Hay mucho trabajo por hacer para y por los pueblos indígenas y afromexicanos. Esta ley general no será letra muerta, porque en ella participarán nuestros pueblos”, expresó la senadora de Morena.
La traducción de la reforma estará en 68 lenguas indígenas
Adelfo Regino Montes, director general del INPI, subrayó que este convenio de colaboración entre los poderes Ejecutivo y Legislativo es con la intención de implementar la reforma constitucional sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, comenzando por la traducción de la reforma a las 68 lenguas indígenas, la elaboración de la ley general, la armonización de leyes en las 32 entidades federativas, entre otras.
“Hemos creado un comité técnico integrado por la Secretaría de Gobernación, la Consejería Jurídica y el INPI, quienes estamos ya trabajando en un primer borrador (de la ley general y secundarias), en el ámbito de nuestras respectivas competencias. Vamos a hacer una consulta sobre las leyes en 70 pueblos indígenas y un afromexicano, la segunda quincena de enero del próximo año”, refirió Regino.
José Alberto López, de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, señaló que con esta reforma se reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derechos, y al mismo tiempo, su derecho para la asignación de recursos públicos, pues “sistemáticamente se le había negado con el argumento de que los pueblos indígenas no son fiscalizables”.
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