De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SENSP), en el transcurso de este año, con corte al mes de octubre, en Baja California Sur crecieron cuatro delitos que afectan principalmente a las mujeres, lo que ha generado preocupación entre colectivos feministas de la entidad.
Entre enero y octubre de este año, en el estado gobernado por el morenista Víctor Manuel Cossío se registraron seis feminicidios, lo que representa un aumento de 200 por ciento con relación al mismo periodo del 2023, cuando sólo hubo dos.
Al respecto, el pasado martes la Asamblea Feminista de Baja California Sur emitió un posicionamiento, en el cual manifestó su preocupación por el hecho de que en este 2024 se triplicó el número de feminicidios, un delito que, según la organización, en años anteriores era prácticamente inexistente.
En el periodo mencionado también se incrementó la incidencia en los delitos de abuso sexual, acoso sexual y violencia familiar, lo que, en opinión de la Asamblea Feminista, confirma una tendencia al alza de la violencia en razón de género en la actual administración.
La medición realizada por La Razón revela que las carpetas de investigación abiertas por el delito de acoso sexual pasaron de 149 a 160 entre los primeros diez meses del 2023 y el mismo lapso del 2024, lo que representa un repunte del 7 por ciento.
En tanto, en abuso sexual los expedientes pasaron de 368 entre enero y octubre del 2023 a 404 en el mismo periodo del año actual, lo que significa un aumento de nueve por ciento.
Además, los expedientes por violencia familiar, en donde la mayor parte de las víctimas son mujeres, pasaron de dos mil 565 a dos mil 846, lo que significa que la incidencia creció 10 por ciento entre los dos periodos analizados.
Sobre el fenómeno, la Asamblea Feminista de Baja California Sur señaló que el programa Párale a la Violencia, implementado por el Gobierno estatal, ha sido sólo “una ilusión y un panfleto” que se utiliza en tiempos electorales, y cuando van a llegar conmemoraciones como la del 8-M o la del 25-M, pero con resultados nulos.
Indicó que “las instancias de procuración de justicia y defensa de derechos humanos en el estado de Baja California Sur no sólo no cumplen con los procesos de investigación y sentencias, sino que son ellos quienes entorpecen todo intento de denuncia por parte de las víctimas”.
En días pasados, la directora general del Instituto Municipal de las Mujeres de La Paz, Christa González Robinson, reconoció que la violencia familiar es uno de los principales problemas de seguridad que enfrentan los habitantes del sexo femenino en esta demarcación.
Mencionó también que, de todas las denuncias que se presentan en la Procuraduría General de Justicia del estado, 18 por ciento tiene que ver con violencia de género.