El titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Raúl Israel Hernández Cruz, aseguró que, “con sus omisiones”, el Gobierno estatal que encabezó Cuauhtémoc Blanco propició el caos y el autogobierno en los penales de la entidad.
En entrevista con La Razón, Hernández Cruz indicó que la anterior administración le dio la espalda a las personas privadas de su libertad, ya que nunca permitió que se investigaran las constantes denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en las prisiones y rechazaba sistemáticamente todas las recomendaciones.
Afirmó que los conflictos recientes en los Centros de Readaptación Social que dependen de las autoridades locales se deben a que no fueron atendidos problemas como la sobrepoblación y la insuficiencia de custodios, lo que generó condiciones de ingobernabilidad.
“La combinación de estos dos factores, lo que genera es un autogobierno, es decir, que quienes mandan en las cárceles en Morelos son los grupos que se organizan ahí y no las autoridades”, dijo el funcionario.
Añadió que también hay complicidad y corrupción de los servidores públicos, tanto del área de custodia como de la administrativa, pues desde el rango más bajo hasta los más altos niveles se permite que ingresen a los penales objetos que están prohibidos.
“Esto lo digo porque en nuestras investigaciones lo descubrimos, y el propio Gobierno, en la administración pasada, se dio cuenta de la facilidad con la que ingresan a los penales objetos que no están permitidos, como armas, drogas, utensilios que son usados como arma blanca y celulares que son utilizados para actividades ilícitas”, dijo.
El titular de la CDHM aseveró que el sistema de reinserción social de Morelos “está en crisis”, lo cual ya ha sido incluso reconocido por la actual administración, que encabeza la gobernadora Margarita González Saravia.
“Es muy complejo cómo quedó el sistema de reinserción luego de la última administración, y esto nos obliga a presentar las denuncias ante la Fiscalía, para que se sancione a quienes tuvieron alguna responsabilidad”, advirtió.
Y añadió: “Para eso justamente trabaja la Comisión de Derechos Humanos de Morelos, para hacer diagnósticos de cómo se encuentran las personas privadas de su libertad y esos diagnósticos dan una idea o un parámetro de dónde se tiene que actuar en lo administrativo, para ir mejorando poco a poco, es decir, la Comisión tiene que ser una aliada de la autoridad para mejorar”.
El Ombudsperson morelense apuntó que con la llegada del nuevo Gobierno, que encabeza Margarita González Saravia, hay una apertura al diálogo, a diferencia de la pasada administración, que “nos cerró la puerta”.
Sin embargo, acotó, hay preocupación de que las promesas de colaboración se queden en el discurso, porque en los hechos, con algunos funcionarios se han empezado a recibir respuestas exactamente iguales a las de la administración pasada.
“Vemos con preocupación que esto solamente se vaya a quedar en los dichos, porque ya estamos recibiendo respuestas exactamente iguales a las del Gobierno anterior; nos rechazan solicitudes para darnos información, las mismas trabas, por eso vemos con preocupación que se vaya quedado solamente en declaraciones y que en la realidad las cosas sigan igual”, afirmó.
MOTÍN TRAS MOTÍN. El pasado 5 de octubre, cuando Margarita González Saravia tenía cinco días en el cargo, fueron destituidos todos los altos mandos del Sistema Penitenciario estatal, tras un motín en el penal de Atlacholoaya que dejó un reo muerto y tres heridos.
La revuelta ocurrió un día antes por la noche en el dormitorio B, debido a la exigencia de los internos de que fuera destituido el director operativo, Francisco Flores Jiménez, a quien acusaron de malos tratos y cobros indebidos.
Cabe recordar que durante la administración de Cuauhtémoc Blanco se reportaron al menos cinco motines, riñas e intentos de fuga en este penal.
En octubre del 2019 estalló una rebelión, que dejó como saldo siete muertos y más de una docena de heridos. Entre los reos asesinados estaba El Ray, líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien meses atrás apareció fotografiado junto al entonces gobernador electo, Cuauhtémoc Blanco.
El 19 de marzo del 2020 hubo un intento de fuga con el apoyo de un camión recolector de basura, operación en la que tres internos perdieron la vida y nueve resultaron heridos, lo mismo que un custodio.
Meses después, en mayo del mismo año, una riña en el dormitorio 6 dejó como saldo cinco internos lesionados. En junio otra pelea provocó cuatro muertos y varios heridos y, una más, en octubre del mismo año, tuvo como resultado un deceso y 11 personas heridas.
