Este domingo, colectivos feministas dieron a conocer que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 272/2024 dirigida al secretario de Seguridad Pública de Zacatecas, Arturo Medina Mayoral, y al alcalde de la capital, Miguel Varela Pinedo, por la violación a los derechos humanos de 15 personas durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en la capital de la entidad, el pasado 8 de marzo.
En su recomendación, la CNDH expuso que en esta conmemoración se registraron violaciones a los derechos humanos a la manifestación y protesta, a la libertad y seguridad personales, a la seguridad jurídica, al debido proceso, a la integridad personal y a una vida libre de violencia, en agravio de 15 personas, debido al “uso excesivo de la fuerza, que derivó en detenciones arbitrarias”.
El órgano autónomo del Estado corroboró la participación de personal policial del grupo Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ), en diversas acciones coercitivas que repercutieron en “la criminalización de las acciones de manifestación del 8M, así como en violencia institucional, al preverse medidas de fuerza desproporcionada para una marcha pacífica de mujeres”.
La CNDH recomendó al secretario de Seguridad Pública del Gobierno estatal y al presidente municipal de la capital que, en un plazo no mayor a seis meses, renombren el Callejón de las Campanas con una denominación que incluya una mención a la conmemoración del 8 de Marzo, como una forma de exaltar la dignidad y la humanidad de las víctimas.
De igual forma, pidió a los dos funcionarios ciados que en el mismo plazo ofrezcan una disculpa a las víctimas, en la cual reconozcan los hechos y acepten la responsabilidad institucional, a fin de restablecer la dignidad y los derechos de las afectadas.
El organismo le pidió, de manera particular al titular de la SSP estatal, Arturo Medina Mayoral, que en un plazo no mayor a seis meses solicite, a través de un comunicado, la colaboración de la población para evitar estereotipar o estigmatizar a las personas que participan en las manifestaciones del 8M, enfatizando que la manifestación y la protesta son un derecho humano, y lo emplazó a enviar las constancias que comprueben el cumplimiento de lo solicitado.
Asimismo, le solicitó que, en un plazo no mayor a medio año, promueva la impartición de cursos de sensibilización, los cuales deberán estar dirigidos a la Policía Estatal Preventiva (PEP) y a la Policía de Seguridad Vial.
En tanto, al presidente municipal de Zacatecas, Miguel Varela Pinedo, le recomendó diseñar e impartir, en un plazo de seis meses, cursos de sensibilización dirigidos a su cuerpo policiaco, en donde se aborde la perspectiva de género en los servicios de seguridad pública.
En el documento, fechado el 10 de este mes, el órgano nacional defensor de los derechos humanos pidió a todas las personas titulares de los gobiernos estatales que promuevan la concientización sobre el uso de la fuerza y la debida diligencia en la contención de manifestaciones y protestas de mujeres, especialmente aquellas realizadas cada 8 de marzo en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
LA AGRESIÓN. El pasado 8 de marzo se recibió en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas un escrito de queja en contra de personal adscrito a la Policía Estatal Preventiva y la Policía Municipal por actos presuntamente violatorios de los derechos humanos, al señalar que este personal de seguridad participó en la detención de mujeres que acudieron a la manifestación del 8M en la Plaza de Armas del Palacio de Gobierno.
Las denunciantes, integrantes de diversos colectivos feministas, señalaron que cerca de las 18:00 horas, el personal policiaco golpeó y agredió con gas lacrimógeno y con polvo de extintores a varias de las participantes en la conmemoración del 8M.
Mencionaron que, luego de arrojar los gases, elementos de la Policía Estatal Preventiva y la Policía Municipal las persiguieron hasta “encapsularlas” con sus escudos antimotines, para, posteriormente, tirarlas al piso, mantenerlas ahí durante mucho tiempo para finalmente llevárselas detenidas.
Narraron que, con la finalidad de separarlas de sus acompañantes, el personal policiaco las golpeó con los toletes en las manos, y fueron concentradas en el Callejón de las Campanas, situado entre la Catedral y el Palacio de Gobierno, en donde las tuvieron retenidas durante varias horas.
En ese lugar, continuaron, los policías le quitaron el teléfono a una de las víctimas para impedir que grabara. La golpearon nuevamente en las manos, la pusieron contra la pared, le patearon para que separara los pies y le azotaron la cabeza contra la pared.
Días después, integrantes de colectivos le exigieron al gobernador David Monreal Ávila la renuncia de varios funcionarios y que su administración ofreciera una disculpa pública por los abusos, pero su única respuesta fue que “el Gobierno de Zacatecas es aliado de las mujeres”.