En el penúltimo día de su encargo como presidenta municipal de Múzquiz, Coahuila, Tania Vanessa Flores Guerra y cinco de sus principales colaboradores tramitaron amparos de la justicia federal para evitar que se ejecuten órdenes de aprehensión en su contra.
Además de la ahora exalcaldesa, interpusieron recursos Oscar Fernando Almaguer Espinoza, quien era contralor interno; Evelyn Yanet Flores Velázquez, extesorera; Víctor Manuel Hernández Obregón, quien fungía como secretario del Ayuntamiento; Eduardo Ramón Aguirre, en algún momento también tesorero, y Damiana Wendolyne Galindo Morales, exdirectora de Obras Públicas.
Ayer se dio a conocer que el pasado 30 de diciembre una persona presentó las demandas de amparo a nombre de todos los entonces servidores públicos citados y, al día siguiente, cuando estaba a punto de expirar la anterior administración y, por lo tanto, el fuero de la alcaldesa, el juez correspondiente les concedió suspensiones provisionales a todos los solicitantes.
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Desde agosto del 2023 fueron presentadas varias denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General del Estado de Coahuila en contra de Tania Vanessa Flores y otros funcionarios municipales por presuntos actos de corrupción, entre ellos, desvío de recursos.
El pasado 3 de mayo, Víctor Hernández y Fernando Palao, quienes un mes antes habían sido separados de sus cargos de secretario del Ayuntamiento y director del SIMAS-Múzquiz, respectivamente, fueron vinculados a proceso penal, aunque sin ir a prisión.
El juez de control correspondiente encontró que había elementos suficientes como para presumir que incurrieron en conductas delictivas al realizar facturación indebida de obras públicas que no se llevaron a cabo, usar empresas ficticias para desviar recursos, alquilar maquinaria que nunca se utilizó y por la falta de transparencia en la gestión de los recursos físicos y financieros.
La denuncia fue presentada en agosto del 2023 por la exsecretaria del Ayuntamiento de Múzquiz, Mónica Escalera, quien desde entonces señaló que se cometían actos de corrupción en la administración que encabezaba la morenista Vanessa Flores Guerra.
Mónica Escalera aseguró, a través de sus redes sociales, que poseía información y documentos que sustentaban sus acusaciones, y advirtió que el “escándalo de corrupción” crecería y que podría alcanzar otras esferas políticas y de la iniciativa privada.
El pasado 4 de noviembre, varios regidores presentaron una denuncia ante el Congreso, la Fiscalía Anticorrupción y la ASE en contra de Tania Vanessa Flores, a quien acusaron de vender cinco patrullas con valor de 500 mil pesos cada una de ellas, de manera ilegal, a una empresa, así como del otorgamiento irregular de permisos, licencias o autorizaciones, la asignación ilegal de obra pública o contratos de obra pública, la realización de pagos injustificados de contratos y de autorizar adquisiciones a precios inflados.
La querella fue respaldada por la síndica Karina Verónica González López y por los regidores Perla Azucena Maldonado Velázquez y Alicia Martínez Castañeda, del PRI; Leticia Laguna Alvarado, del PAN; Antonio Gutiérrez Wislar, independiente, y Antonio González Escamilla, de Morena.
Según Gutiérrez Wislar, los gastos en Servicios Generales se elevaron a 12 millones de pesos sin justificación, por lo que se desconoce el destino de esos recursos.
