Pese a que Colima enfrenta una crisis de desaparición de personas, la gobernadora Indira Vizcaíno destinó al rubro de viáticos 155 por ciento más recursos que a la Comisión de Búsqueda estatal y 230 por ciento más a Servicios Oficiales (organización de eventos protocolarios) que a la instancia rastreadora.
A propuesta de la mandataria, el Congreso de Colima estableció en el Presupuesto de Egresos 2025 una partida de dos millones de pesos para la Comisión de Búsqueda, mientras que a viáticos le asignó cinco millones 114 mil 372 pesos.
En tanto, al rubro denominado Servicios Oficiales se destinaron seis millones 612 mil 36 pesos, dinero que será utilizado en la organización de eventos protocolarios, cursos, ceremonias y diversas conmemoraciones.
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En el Presupuesto estatal 2025, los recursos de la Comisión de Búsqueda quedaron congelados, ya que se le asignó la misma cantidad de dos millones de pesos del año pasado, lo que en los hechos representa un recorte, por los efectos de la inflación.
En cambio, en el rubro de viáticos se contempló un millón 938 mil 727 pesos para pasajes aéreos, casi la totalidad de los recursos de la instancia rastreadora de personas, mientras que para pasajes terrestres se estableció una partida de 777 mil 834 pesos.
Dentro de la categoría Servicios Oficiales, se asignaron recursos por un millón 500 mil pesos para “gastos inherentes a investidura presidencial”, sin que se explique a qué se refiere ese concepto. Además, 646 mil pesos para gastos de representación y 316 mil 916 pesos para congresos y cursos, entre otras partidas.
La Comisión de Búsqueda de Personas de Colima es un organismo desconcentrado que depende de la Secretaría General de Gobierno, por lo que carece de autonomía plena. Dentro de su mínima estructura propia, sólo cuenta con tres empleados para realizar las búsquedas.
En el primer año completo de la administración de la gobernadora Indira Vizcaíno, 2022, se registró un alza de 500 por ciento en la desaparición de personas, según cifras oficiales, ya que en esos 12 meses se reportaron 60 casos, contra 10 del mismo lapso anterior.
En el 2023 la cifra bajó a 37, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) de la Comisión Nacional de Búsqueda, pero al cierre del 2024 nuevamente hubo un repunte, al reportarse 41 casos.
Las cifras anteriores reflejan que, en el tercer año completo de la gestión de Indira Vizcaíno se registró un aumento de 310 por ciento en desaparecidos, comparado con el 2021, cuando llegó al cargo, pues los casos pasaron de 10 a 41.
El RNPDNO señala que en Colima, al corte del 1 de enero de este 2025, hay un acumulado de mil 344 personas desaparecidas y no localizadas, por lo que cada uno de los tres servidores públicos de la comisión estatal que tienen la función de rastrear, debe encontrar —según esta cifra— a 448 personas.
Ante la falta de personal, el organismo gubernamental se apoya en la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de la FGE-Colima, pero ésta sólo destina a seis agentes para las búsquedas.
Son los integrantes de los colectivos quienes hacen la mayor parte de la labor de rastreo de personas ausentes. Y ha sido su activismo el que ha llevado a encontrar varias fosas clandestinas en los últimos tres años.
Tan sólo de marzo a junio fueron localizados 29 entierros irregulares en el municipio de Tecomán, en donde estaban los restos de al menos 30 personas.
Los colectivos aseguran que la cifra negra de desapariciones en Colima es considerablemente superior a la oficial, ya que muchos familiares de víctimas prefieren pedir el apoyo de las organizaciones sociales que denunciar el delito ante las autoridades correspondientes.
La Red Lupa, una herramienta del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia AC, consigna en un reciente informe que en el 2022 se denunció ante colectivos locales la desaparición de mil 442 personas en Colima.
Para el siguiente año la cifra fue de mil 504, lo que representa un alza de 4 por ciento entre un periodo y otro, y hasta el 16 de mayo del 2024 ya iban mil 294, lo que confirma una tendencia al alza, pues en los primeros cinco meses de ese año se estaba a sólo 210 casos de alcanzar el número total del lapso anterior.
La disparidad también se presenta entre las instituciones públicas, ya que la FGE-Colima tenía en sus registros 384 denuncias entre el 1 de enero y el 23 de agosto del 2024, lo que significa que para el octavo mes, el órgano de justicia ya tenía 836 por ciento más casos que los 41 que consigna el RNPD en todo el año.
Los colectivos constantemente reciben denuncias de familiares de desaparecidos, en el sentido de que sufren maltrato por parte del personal de la FGE-Colima. Las quejas más recurrentes son que los agentes del Ministerio Público se niegan a aceptar las denuncias.
En su informe, la Red Lupa compartió el testimonio de una persona que tiene a un familiar desaparecido en Colima: “He tenido que, pues, andar buscando y preguntando por mi parte, por mi cuenta andar investigando cosas, porque la Fiscalía no hace nada”.
