En el municipio de Huitzilac, Morelos, en donde el lunes por la noche fueron asesinadas cinco personas por un grupo armado, la incidencia del delito de homicidio aumentó 50 por ciento durante la gestión del alcalde priista Rafael Vargas Muñoz, que concluyó el pasado 31 de diciembre.
De acuerdo con datos del Observatorio Nacional Ciudadano, durante la pasada administración municipal crecieron, además de los homicidios, otros seis delitos de alto impacto, como son robo con violencia, robo de vehículo, robo a casa habitación, robo a transeúnte, lesiones dolosas y violencia familiar.
En cuanto al delito de homicidio doloso, durante el 2024 —con corte al mes de noviembre— se abrieron 30 carpetas de investigación, lo que representa un alza de 50 por ciento con relación a las 20 registradas en el 2021, cuando Rafael Vargas asumió el cargo.
Pero el ilícito con mayor repunte fue el de robo de vehículo, una de las agresiones más reportadas en la carretera México-Cuernavaca en los últimos años, el cual se disparó 79 por ciento, ya que los casos pasaron de 130 a 233 entre el 2021 y el 2024.
El pasado 25 de noviembre causó un gran impacto a nivel nacional el secuestro, precisamente en esta vía de comunicación, de la chef Zahie Téllez, y su esposo, en cuyo automóvil, se supo después, los delincuentes recorrieron varios cajeros automáticos para retirar dinero, escoltados por una patrulla de la Policía de Tránsito del municipio.
Entre los periodos estudiados, el delito de robo con violencia aumentó 74 por ciento, ya que los casos pasaron de 132 a 230, mientras que el robo a casa habitación repuntó 23 por ciento, al pasar los expedientes de 30 a 37.
Además, el robo a transeúnte registró un aumento de 10 por ciento, al subir la cifra de carpetas de 10 a 11 entre un periodo y otro; las lesiones dolosas, asociadas a las agresiones armadas, aumentaron 66 por ciento, al pasar las averiguaciones de 12 a 20, y la violencia familiar se incrementó 35 por ciento, al abrirse 50 expedientes en el 2024, contra 37 del 2021.
Ayer, el Gobierno de Morelos condenó el ataque perpetrado el lunes a un grupo de integrantes de la Planilla Morada que participará en las elecciones de las autoridades del Comisariado de Bienes Ejidales de Huitzilac, mientras que el nuevo alcalde, César Dávila Díaz, suspendió las clases en todos los niveles.
En un comunicado, autoridades estatales informaron que la gobernadora Margarita González Saravia instruyó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos (SSPC) a que coadyuve con la Fiscalía General del estado en las indagatorias correspondientes.
En tanto, la Mesa para la Construcción de la Paz acordó el desplazamiento de 200 elementos del Ejército y de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad en esta demarcación, por lo que desde temprano, efectivos de ambas instituciones realizaron patrullajes por calles de la cabecera municipal y por las distintas comunidades.
El alcalde emecista César Dávila agradeció el apoyo del Gobierno estatal y de las Fuerzas Armadas, ya que reveló que el municipio de Huitzilac sólo cuenta con 24 policías y ocho patrullas. Con 24 mil 515 habitantes, cada uniformado debe cuidar a mil personas, en promedio.
En declaraciones a medios locales, el edil explicó que la decisión de suspender las clases obedeció a que por donde ocurrió el ataque hay cuatro escuelas y los padres de familia tenían el temor de mandar a sus hijos a los planteles.
EXIGEN JUSTICIA. Cerca del mediodía, integrantes de la Planilla Morada que participa en las elecciones comunales exigieron “justicia” ante el múltiple asesinato de sus compañeros, “quienes se aferraban a un ideal por un bien común y arriesgaron todo por un sueño, que era la esperanza de poder mejorar como sociedad y municipio”.
En un comunicado, los aspirantes a cargos de representación comunal mencionaron que le arrebataron la vida “a personas inocentes, que eran padres de familia, hermanos, tíos y que tenían la intención de cambiar al municipio con nuevas ideas y proyectos”.
Medios locales consignaron que el atentado del pasado lunes puede estar relacionado con el intento de algunas organizaciones criminales de controlar el Comisariado de Bienes Comunales, para continuar con la tala clandestina en las áreas que tienen este tipo de propiedad.