La madrugada de este viernes, agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) intentaron desalojar en autobuses a cientos de migrantes que se encuentran en el municipio de Tapachula, Chiapas; sin embargo, no lograron trasladarlos a otros municipios, ya que los extranjeros no lo permitieron.
“A eso le apuesta Migración, a despresurizar la frontera antes del lunes, porque quieren que ya no haya caravanas y los éxodos que se formen sean mínimos. Yo lo que creo es que inicia una campaña de contención, y quieren demostrar que pueden controlar los flujos migratorios”, enfatizó el activista Luis García Villagrán, vocero de las caravanas.
Pese a ello, al menos cinco camiones se fueron rumbo a Tuxtla Gutiérrez, donde les hacen el proceso de entrega de documentos regulatorios; sin embargo, a veces son tardados —de acuerdo con el activista— y por ello hay mucha gente deambulando en las calles, lo que ya es una molestia para los habitantes de esa localidad, que ya desean que éstos se retiren del sitio.
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García Villagrán mencionó que los agentes fronterizos están aprovechando de los indocumentados, pues tienen tres días para sacarlos a todos de Tapachula, para hacer “una orgía de corrupción”, pues venden todos los documentos migratorios, para que la gente salga lo más pronto posible de esa localidad.
“Les venden de todo, hasta parece un mercado las oficinas de migración; están vendiendo todo, pues hay como una permisibilidad de que les den documentos regulatorios a todos con buenos precios, para que los compren y salgan hacia la frontera norte, o hasta donde lleguen”, explicó Villagrán.
Señaló que el INM quiere dar un mensaje de humanidad, cuando en los hechos nadie sabe que se venden los documentos para que se despresurice la frontera, ya que desean que no haya personas al inicio del mandato de Donald Trump.
“Esa es su apuesta, sacar a toda la gente de Tapachula, quitarlos a todos de todos lados, para que se vea que el municipio está limpio de migrantes. Además, buscan que la caravana de este 20 de enero tenga la menor gente posible, pues la orden es clara: que ya no desean caravanas”, señaló.
El activista comentó que los documentos o permisos cuestan —entre los más baratos— en dos mil pesos, lo que ha convertido a este instituto en un “nido de corrupción” que ya ni se esconde.
