La Auditoria Superior del Estado de Coahuila (ASE) detectó un hoyo financiero por 181 millones 780 mil 368 pesos en el ejercicio correspondiente al 2023, el último año de la administración del ahora exgobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.
El monto equivale a siete veces los recursos que reciben organismos estatales encargados de la atención a grupos vulnerables, como la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas o la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos, las cuales ejercen un presupuesto de poco más de 24 millones de pesos anualmente cada una.
En el Presupuesto de Egresos 2025 aprobado por el Congreso local se destinó a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas una partida de 24 millones 77 mil 187 pesos, mientras que a la Comisión de Búsqueda se asignaron 24 millones 997 mil 546 pesos.
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En un reporte publicado el pasado 31 de diciembre, el órgano fiscalizador estatal indicó que sobre el ejercicio del gasto en el 2023 se realizaron dos Auditorías de Cumplimiento y 1 de Cumplimiento en Inversión y Obra Pública al Poder Ejecutivo.
De la Auditoría número ASE-03891-2024 “se desprendieron 271 observaciones que contienen hechos en los que se advierten irregularidades por un valor total de 84 millones 319 mil 223 pesos”, señala el reporte.
Además, como resultado del ejercicio identificado como ASE-14656-2023 “se desprendieron 144 observaciones que contienen hechos en los que se advierten irregularidades por un valor total de 55 millones 805 mil 462 pesos”.
De igual forma, de la auditoría específica sobre Inversión y Obra Pública se desprendieron 24 observaciones “que contienen hechos en los que se advierten irregularidades por un valor total de 41 millones 655 mil 682 pesos”.
En general, la ASE detectó violaciones a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila, cuentas de cheques que no coinciden con lo informado en la Cuenta Pública, falta de comprobación de erogaciones y deficiencias en la inspección de obras, entre otras irregularidades.
En el reporte, el órgano fiscalizador indicó que, una vez concluidas las visitas domiciliarias y/o las revisiones de gabinete, se formuló y notificó a las entidades correspondientes los pliegos de observaciones derivados de la revisión de las cuentas públicas, en los cuales se cuantificó el importe de las observaciones detectadas.
Precisó que las entidades fiscalizadas contarán con un plazo improrrogable de 40 días hábiles para solventar los pliegos de observaciones ante la ASE.
El órgano autónomo apuntó que en los tiempos procesales correspondientes, por conducto de la Dirección de Investigación iniciarán, en su caso, los procedimientos a que haya lugar en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
