Acusan corrupción en "Big Brother" de Monterrey; la mayoría de cámaras de videovigilancia no funcionaban

El gobierno de Adrián de la Garza gastó 647 millones de pesos en la construcción de un C4 que no vigilaba a nadie ya que estaba incompleto, y peritajes del gobierno municipal actual detectaron desvíos por 411 millones en un sistema de seguridad inoperante pues de las 4 mil cámaras que presumía, 2 mil 384 no funcionaban o no existían. A pesar de todo eso, en su campaña electoral está prometiendo la construcción de otros dos “Big Brothers” similares.

Miguel Alfonso Meza, consultor en litigio estratégico y derecho anticorrupción, señaló además, que de las 4 mil cámaras que se supone debían cuidar a los regios, cuando asumió el poder Luis Donaldo Colosio se encontró que 2 mil 384 o no existían o estaban desconectadas, es decir el 58 por ciento de estas.

Explicó que, tras las evidencias del desvío millonario, desde hace un año el municipio de Monterrey presentó denuncias ante el Tribunal de Justicia Administrativa, en la Sala Anticorrupción y actualmente está en proceso.

Todas las irregularidades fueron dictaminadas por un perito acreditado ante la Fiscalía General del Estado, misma que le da la calidad de experto y que fue contratado por el municipio de Monterrey.

Además, señaló, para el equipamiento del “Big Brother” se simuló una competencia entre empresas, pero en realidad solo Integración de Sistemas de Avanzada Tecnología, S. A de C.V, cuyo nombre comercial es Control Track ganó todos los contratos.

En la primera licitación por 251 millones de pesos, detalló, fingieron competir Control Track y Alliance Soluciones, pero estaban coludidos, porque ambas presentaban los mismos costos de operación y hasta repitieron los mismos errores en las cotizaciones.

Las dos empresas que “compitieron”, comentó, tienen negocios entre sí, lo que ha sido constatado con facturas y también con Murata, otra empresa fantasma que ya ha sido denunciada por el municipio de Monterrey.

Incluso, dijo Meza, que pese a tener semanas para hacer su oferta, las dos empresas las presentaron el mismo día y las llevaron las mismas personas.

En el caso de los softwares gratuitos que se compraron, Meza explicó que el peritaje demostró que no estaban conectados con las cámaras de monitoreo, además de que no cumplía con los requerimientos técnicos.

En el caso de las 140 tablets, señaló que fueron encontradas sin utilizar en las bodegas del municipio, lo que indica que en realidad fue una farsa la modernización que presumía Adrián.

Además del desvío de los 411 millones de pesos, está que Adrián dejó un inventario ficticio de todo el equipo, supuestamente adquirido para el “Big Brother”, porque ninguno tiene placa de patrimonio municipal, ni se estableció la cantidad de cámaras que había.