Acusan reos violación a su salud en Sinaloa

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Sinaloa recibió 281 quejas de personas en reclusión en penales de la entidad en ocho años y de acuerdo con el organismo, el principal derecho violado es a la salud.

De acuerdo con el “Informe Especial Centros Penitenciarios y Centro de Internamiento para Adolescentes”, hay un repunte de los recursos registrados por el organismo, ya que si bien en 2021 reportó 43 y un año después 25, para 2023 la cifra pasó a 32.

El informe no especifica cuántas quejas, de las 281 recibidas entre 2016 y 2023, son por la presunta violación al derecho a la salud, la CEDH de Sinaloa se limitó a informar que la mayoría es por esta problemática.

El visitador general, Miguel Ángel Calderón Espinoza, señaló que la mayor problemática en las prisiones del estado está relacionada con la salud, ya que en los centros no se cuentan con el personal y el equipo para atender algunas necesidades particulares de algunos internos.

“El principal de los derechos que nosotros hemos visto vulnerado es el derecho de protección a la salud y esto tiene que ver con, vamos a decir la protección a la salud, pero enfocada a que las personas privadas de la libertad en algunas ocasiones tienen que salir a los hospitales ya sea público o privados a ser atendidos.

“Ahí es donde nosotros hemos detectado que en algunos casos se complica o se retrasan las salidas para que las personas privadas de la libertad puedan recibir una atención médica adecuada, de acuerdo con los padecimientos que se están sufriendo en ese momento”, dijo el visitador general a La Razón.

El funcionario destacó que en los centros penitenciarios sí hay médicos en disposición de atender a los presos; sin embargo, la atención es general, no hay como de especialidades, por lo que en muchas ocasiones tienen que salir para recibir la atención adecuada.

“Hay protocolos no para cuando una persona privada de la libertad tenga que salir, pues tiene que ser custodiado y demás, por agentes para que se pueda dar la salida también, pues las cintas ante los hospitales públicos, pues a veces también son algo burocráticas y pues tardan algún tiempo en que les dé la citas y otro tiempo, para coordinar las salidas y demás”, explicó Calderón Espinoza.

El penal Goros II cuenta con cinco medios generales, dos odontólogos y ocho camas en el caso de que alguien requiera hospitalización de primer nivel. En Évora sólo hay un médico general y no tiene espacio destinado para hospitalización.

Mientras que en el penal de Aguaruto hay 13 médicos generales, un psiquiatra, tres personas químicas farmacobiólogas, 14 personas enfermeras, cuatro personas trabajadoras sociales, una persona radióloga, una nutrióloga y cinco odontólogos.

También hay un departamento de rayos X, uno de nutrición, farmacia, laboratorio; y área de hospitalización.

En El Castillo hay ocho médicos generales, cinco enfermeras y una fisioterapeuta. Cuenta con área de hospitalización con capacidad de cuatro camas, que son utilizadas para brindar atención de primer nivel, ya que si se requiere atención de segundo nivel, las personas privadas de la libertad son trasladadas al hospital.

Mientras que el Centro de Integración para Adolescentes cuenta con seis médicos generales, seis enfermeras, un odontólogo y tres psicólogos. Aquí no hay área de hospitalización.

El informe de la CEDH de Sinaloa detalla que otros derechos vulnerados son a la vida, integridad y seguridad personal, así como a la legalidad, seguridad jurídica y a la alimentación.

Además, de las 281 quejas que recibió el organismo local, 153 fueron de personas privadas de la libertad en el Centro Penitenciario Aguaruto, seguido de El Castillo, en Mazatlán, con 70; Goros II, en Ahome, con 48; Évora, en Angostura, con 10.

Calderón Espinoza indicó que, en cuanto al derecho a la vida, integridad y seguridad personal, las quejas están relacionadas a que internos agreden a otros y que necesitan mayor seguridad por parte de los custodios o incluso en algunos casos sean trasladados a otros módulos.

Respecto a que si han recibido denuncias por tortura de parte de los internos, el visitador general aseguró que no.