De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar se incrementó en 20 entidades de la República durante los primeros siete meses de este año, en comparación con el mismo periodo del 2021.
El estado en donde de plano se disparó este ilícito fue Campeche, con el 14,999 por ciento, ya que entre enero y julio del 2021 sólo se abrió una carpeta de investigación, mientras que en el mismo periodo de este año ya van 150.
Durango fue el segundo estado en reportar un mayor aumento, con 95.8 por ciento, ya que las carpetas por este delito pasaron de 48 a 94 en el periodo estudiado.
En tercer lugar se ubica Hidalgo con 48 por ciento de incremento al pasar de tener 354 carpetas de investigación a 524 entre los primeros siete meses de 2021 y el mismo lapso de este 2022.
Nayarit aparece en el cuarto lugar con un aumento del 45 por ciento, ya que los expedientes por este ilícito, que afecta fundamentalmente a mujeres y niños, pasaron de 282 a 409 entre un periodo y otro.
En tanto, la quinta entidad con mayor alza es Querétaro, con el 37.6 por ciento, toda vez que las averiguaciones previas por este delito pasaron de 143 a 192 en el lapso estudiado.
Por otra parte, entre las entidades que registraron un mayor número de carpetas en números absolutos está el Estado de México con mil 789, seguido de Chihuahua, con mil 179.
En el estado de Guanajuato fueron abiertas mil 254 carpetas de investigación; en Tamaulipas la cifra fue de 889 y en Veracruz de 791.
El pasado lunes, diversos colectivos feministas se plantaron afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para exigirle al máximo tribunal del país que rechace la acción de inconstitucionalidad promovida por Rosario Piedra Ibarra, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en contra de las reformas aprobadas recientemente en Yucatán que marginan de los cargos públicos y de elección popular a quienes sean denunciados por incumplimiento de pensión.
Al respepcto, Yndira Sandoval, integrante del colectivo Las Constituyentes, dijo a La Razón que las mujeres organizadas le piden tres cosas a la Corte: “Que no se haga eco de cualquier promoción violatoria a los derechos humanos; que ratifique las reformas aprobadas en Yucatán sobre deudores alimentarios y que se valide la Tres de Tres a nivel nacional”.
La iniciativa Tres de Tres contra la violencia busca que toda persona que esté en el servicio público o pretenda buscar un cargo de elección popular garantice no ser un deudor alimentario, que no tenga denuncias por violencia familiar y que no tenga antecedentes de violencia de género.
Hasta el momento la Tres de Tres ya ha sido aprobada en nueve entidades.
