De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), entre el 2020 y el 2021 los matrimonios infantiles se incrementaron en 200 por ciento, al pasar de tres a nueve de un año a otro.
Los nueve matrimonios registrados en el 2021 se concentran sólo en tres estados: Durango, Michoacán y Sonora.
En el primero de ellos se contabilizaron oficialmente cinco casamientos, dos de ellos entre menores de 13 años de edad o menos. En otro, los contrayentes tenían como máximo 16 años y en uno más tenían 17 o menos. Todos los casos tuvieron lugar en el municipio de Guadalupe Victoria.
En segundo lugar aparece Michoacán, con tres casamientos. Dos de ellos fueron entre personas de un máximo de 15 años de edad y en otro los novios tenían cuando mucho 17. Dos de las bodas se realizaron en la ciudad de Morelia y la otra en el municipio de Ecuandureo.
Un casamiento más de menores ocurrió en Sonora, en el municipio de Agua Prieta.
Durante el 2021 se registraron dos casamientos en la clasificación de “menores de 13 años”, mientras que en el 2020 no hubo ninguno en esa categoría.
Sin embargo, la cifra de uniones entre menores de edad puede ser mucho más grande, ya que, según la directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Tania Ramírez, afirmó que a partir del 2020 muchos jóvenes decidieron vivir en unión libre por las restricciones de la ley.
La activista dijo a La Razón que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes estableció que a partir del 2020 la edad mínima para contraer matrimonio es los 18 años, lo que se convirtió “en una tapadera” de las uniones tempranas, que ahora ya son más difíciles de rastrear.
Dijo también que las cifras del Inegi no contemplan las uniones que se dan en las comunidades indígenas en donde existe el matrimonio forzado.
Y para dar un ejemplo de la incongruencia de las cifras con la realidad, mencionó que en la encuesta del 2020 el propio Inegi preguntó a las mujeres su estado civil y 237 mil 175 de entre 12 y 17 años dijeron que se encontraban casadas o unidas.
Al ser cuestionada respecto a cómo influye esta problemática en el desarrollo de las menores de edad, Tania Ramírez mencionó: “La desigualdad es tan profunda y tan estructural en nuestro país, que hay familias que podrían optar por una solución de tipo unión libre para sus hijas a cambio de un bien económico o material y pensar que se deshacen, entre comillas, de una carga económica”.
Pero en realidad, continuó, las condenan a estar inmersas en un ciclo de pobreza, porque su desarrollo económico queda mermado y las vulnera, porque las deja a merced del abuso y violencia sexual.
Y sentenció: “Este problema sigue ocurriendo porque el Estado hoy por hoy no ha cumplido con su deber de garantizar derechos como educación, alimentación y vivienda; si esos derechos estuvieran garantizados para las niñas y adolescentes, sus familias no las verían como un gasto.”
