El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, reportó ganar mensualmente 300 mil 354 pesos netos; es decir, más del doble que lo percibido por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lo que violaría la Constitución.
El pasado 1 de diciembre, el abanderado por PRI, PAN y PRD inició su gestión en la entidad luego de ganar la elección para la gubernatura de junio. En sus siete meses como mandatario registra irregularidades en sus ingresos.
En su Declaración de Situación Patrimonial, publicada el 29 de enero de este año, el mandatario informó que su ganancia como servidor público es mayor a la de López Obrador, quien percibe 128 mil 205.26 pesos netos mensuales, según lo estipulado en la Nómina Transparente de la Administración Pública Federal.
La información, en la que el mandatario dice “bajo protesta de decir verdad”, fue consultada en el portal Registro de Servidores Públicos del Estado de Coahuila el 30 de junio a las 08:42 horas.
Al respecto, el director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, destacó que los servidores públicos, incluidos los gobernadores, tienen un tope salarial de 90 mil pesos para que no ganen más que el Presidente en turno.
“La ley de topes salariales es para los ingresos como gobernador, pero no puede limitar el derecho constitucional de una persona a tener otros ingresos.
“Un servidor público, por ejemplo, puede heredar una empresa y tener ingresos por esa vía. Lo que la ley de topes salariales prevé es que el pago como gobernador no sea mayor que el pago por ser presidente”, mencionó a La Razón.
De acuerdo con el artículo 127 de la Carta Magna, los servidores públicos federal, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, recibirán una remuneración adecuada y proporcional a sus responsabilidades.
Además, la fracción II establece que ningún funcionario ganará más que la persona titular del Ejecutivo federal.
“Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente”, dice.
Asimismo, señala en la fracción VI que es responsabilidad del Congreso de la Unión y las Legislaturas estatales de diseñar las leyes para sancionar penal y administrativamente las conductas que impliquen el incumplimiento o la elusión por simulación de lo establecido en el artículo.
La información reportada por Jiménez Salinas no coincide con lo reportado en un documento de transparencia del Despacho del Titular del Gobernador de Coahuila, el cual precisa que la remuneración mensual neta de Jiménez Salinas es de 90 mil 410.50 pesos, según el tabulador de sueldos y salarios.
Dicho monto concuerda con el del personal de Confianza, Mandos Medios y Superiores de febrero de este año.
Su sueldo anual como servidor público, según el tabulador del Personal de Confianza, Mandos Medios y Superiores de la Secretaría de Finanzas, es de un millón 288 mil 643.85 pesos.
El monto mensual que Jiménez Salinas declaró recibir por su cargo como gobernador de Coahuila, contrasta con los 300 mil 174 pesos mensuales que dijo haber ganado entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, pero no todo el año fungió como servidor público.
A partir del 1 de enero de 2022, el priista se desempeñó como secretario de Inclusión y Desarrollo Social en el gobierno del entonces gobernador, también del PRI, Miguel Ángel Riquelme Solís. Este empleo lo tuvo hasta el 9 de enero de 2023, cuando renunció para continuar con sus aspiraciones por la gubernatura.
En abril, el entonces candidato abanderado de la alianza PRI, PAN y PRD inició su campaña rumbo a la gubernatura de Coahuila.
Durante 2023 Jiménez Salinas ejerció un cargo público del 1 al 8 de enero y, posteriormente, al ganar la elección local, del 1 al 31 de diciembre. El ahora mandatario reportó en su declaración haber obtenido 300 mil 174 pesos netos anuales como servidor público.
De acuerdo con el documento consultado, durante 2023 el entonces aspirante a la gubernatura percibió 300 mil 748 pesos más por la empresa del ramo de la construcción, Jisa Bienes Raíces, de la que es socio. En total reportó 600 mil 922 pesos netos anuales.
CUENTAS CLARAS. Eduardo Bohórquez resaltó la importancia de que todos los funcionarios públicos hagan su declaración de bienes patrimoniales como lo establece la ley.
“La declaración patrimonial y de intereses permite seguir la evolución de la riqueza de un funcionario público a lo largo del tiempo y evitar que los intereses personales se antepongan al interés público cuando se toman decisiones de gobierno”, explicó Eduardo Bohórquez.
El director de Transparencia Mexicana mencionó que la situación patrimonial de un servidor público puede cambiar en el transcurso del tiempo que permanezca en el cargo.
Eduardo Bohórquez aclaró que mentir en la declaración patrimonial es grave, lo que amerita una sanción. Explicó que, por ejemplo, omitir una propiedad es razón de una sanción.
Este medio buscó una entrevista con Jiménez Salinas para conocer su postura acerca de la información sobre el ingreso mensual neto que declaró, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.
